«Son mecanismos que existen en este momento en las leyes de reestructuración para las empresas y lo que estamos haciendo es básicamente que también funcione para cobrar las deudas a favor del Estado, no hay ninguna persecución política», indicó.
La propuesta para instaurar la «muerte civil» a los sentenciados por corrupción no es un mecanismo de persecución política. Así lo manifestó el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez.
«Es una suerte de quiebra de orden personal por deber dinero al Estado por delitos de corrupción. La Ley de Muerte Civil es una herramienta muy poderosa porque golpea al corrupto en dónde más le duele: el bolsillo», agregó el presidente del Gabinete Ministerial a Andina.
Finalmente, el Premier se mostró satisfecho de la gran acogida que ha tenido esta iniciativa en la opinión pública.
La “muerte civil” plantea que los sentenciados por corrupción no puedan obtener préstamos o firmar contratos, entre otras cosas, hasta cancelar su deuda con el Estado. Serán inscritos en las centrales de riesgo, de tal manera que no puedan realizar transacciones bancarias hasta cumplir con sus obligaciones.
Fuente Andina
