Lima, ago. 01 (ANDINA). La aprobación de la «muerte civil» para los condenados por corrupción que no pagaron la reparación al Estado será un mensaje firme de que no se permitirá la impunidad en el país, destacó hoy el procurador anticorrupción, Julio Arbizu.
Pide al Congreso aprobar norma con urgencia
De aprobarse esta norma en el Congreso, según Arbizu, será también una herramienta que le permitirá al Estado tener mayor firmeza en la lucha contra la corrupción.
«Pensamos que su aprobación es urgente en el Congreso; será una herramienta más que obligará a los procesados a cumplir con el pago de su deudas con el Estado», comentó en declaraciones a la Agencia Andina.
Durante su mensaje por 28 de julio, el presidente Ollanta Humala pidió al Congreso aprobar la ley que propone la «muerte civil» para los sentenciados por delitos de corrupción, así como la norma que establece la imprescriptibilidad de estos ilícitos.
Arbizu explicó que la «muerte civil» impedirá a los sentenciados acceder al sistema financiero hasta pagar el íntegro de sus deudas.
«No podrán constituir empresas, abrir cuentas o hacer transferencias a través del sistema financiero. Se afectará a los corruptos en lo que más les duele: impedirles el movimiento de dinero mal habido», puntualizó.
Refirió que actualmente los procesados por delitos de corrupción adeudan al Estado más de 1,000 millones de nuevos soles por el pago de reparaciones civiles.
La mayoría de ellos, precisó, son exfuncionarios del gobierno de Alberto Fujimori, porque esos procesos iniciados en el 2001 tienen a la fecha sentencia condenatoria firme y, por tanto, la imposición de una reparación civil.
Comentó que desde que la Procuraduría empezó con los embargos en forma de secuestro conservativo a los deudores de reparaciones civiles, los recaudos del Estado captados por esta vía se duplicaron respecto a años anteriores.
Fuente Andina
