Un informe de la Contraloría General de la República evidenció un presunto perjuicio económico por más de S/18 millones de soles en la construcción del nuevo hospital El Carmen, en Huancayo, que involucra a las gestiones del exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, y del actual, Ángel Unchupaico Canchumani.

En el caso de la gestión de Cerrón (2011-2014), la Contraloría señala que servidores y funcionarios del Gobierno Regional de Junín, convocaron y continuaron con el desarrollo de los procesos de selección hasta el otorgamiento de la buena pro para la ejecución de la obra, por un valor referencial de S/ 140’040,467.13, sin contar con la disponibilidad física del terreno, pese a que fueron advertidos oportunamente por la Contraloría, el Órgano de Control Institucional de la entidad, así como un propietario del terreno afectado.

Posteriormente, dieron conformidad y trámite de pago de un adelanto directo por S/ 8’455, 948.90 favor del Consorcio El Carmen II, sin que el contratista cumpla con las condiciones establecidas en las bases.

En el caso de la actual gestión de Ángel Unchupaico (2015-2018), dice la Contraloría que el Gobierno Regional entregó al contratista un nuevo terreno, con características diferentes a lo descrito en el expediente técnico y ubicado en otro lugar (en parte de la propiedad de la aldea infantil El Rosario); generando la incompatibilidad de los planos.

Sin embargo, es allí donde se inició la construcción del nuevo hospital El Carmen, con un adelanto del 5% del valor total de la obra; de más de S/ 9 millones. De acuerdo con el portal del MEF, el costo actual del proyecto es de S/ 193 millones.

Ante los indicios detectados, la Gerencia Regional de Control de Junín remitió el informe al gobernador regional, Ángel Unchupaico, con las evidencias y documentos correspondientes, y puso en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, para que inicie las acciones legales respecto a 21 funcionarios y servidores implicados.

Fuente La República

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