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La Contraloría pide abrir proceso a cinco funcionarios del GRT

La Contraloría pide abrir proceso a cinco funcionarios del GRT

La Contraloría General de la República recomendó abrir proceso administrativo y penal contra cinco funcionarios del Gobierno Regional de Tumbes, tras detectar irregularidades en la adjudicación de una obra en el sector Puerto El Cura.

SUPERVISIÓN. Mediante el informe de control posterior N° 006-2018-2-5353, desarrollado al proceso de selección y suscripción del contrato de la obra ampliación de los servicios de protección contra inundación del sector Puerto El Cura en la Margen Derecha del río Tumbes, donde se invirtió 9 millones 355 mil 622 soles, brindado a favor del Consorcio Pegaso.

La Contraloría pide al gobernador Ricardo Flores, autorice al Procurador Regional para denunciar a los integrantes del comité de selección de dicha construcción, Rolando Javier Salazar Llatas, en su calidad de presidente; Fernando Morán Lupú y Carlos Miguel Chiclayo Padilla por tener presunta responsabilidad penal y administrativa al brindar la buena pro a una empresa que incumplió con los requisitos de calificación establecidos en las bases, pues esta empresa no contaba con el personal idóneo, además no se cumplió con el orden respectivo de adjudicación.

Además, se incluyó a Adolfo García Ortiz, gerente de Desarrollo Económico, por no advertir ni observar las irregularidades en los documentos presentados por el postor ganador, y continuó con el perfeccionamiento del contrato hasta la suscripción del mismo, siendo estas las responsabilidades de otra área.

Adicional a ello, el informe de control dice que, García elaboró el contrato sin incluir la cláusula “Asignación de Riesgos del Contrato de la Obra”, establecida en las proformas iniciales, y por último se firmó el contrato N° 002-2017/GOB.REG.TUMBES -GGR-GRDE-GR fuera de plazo.

Respecto al asesor legal, José Nole Nunjar, la Contraloría pide aperturar proceso administrativo por visar el contrato firmado fuera de plazo, sin revisar el contenido ni advertir que no se incluyó la cláusula antes mencionada, afectando el principio de legalidad.

Fuente Diario Correo

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