En las últimas semanas, a raíz del caso Odebrecht, mucho se ha hablado de la corrupción que ha campeado en los tres últimos gobiernos y en dos gestiones de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, poco se habla de los malos manejos que a diario se dan en administraciones regionales y ediles provinciales y distritales no necesariamente por la mano de las ya conocidas constructoras brasileñas.
Por ello, la Contraloría General debería actuar con mucha celeridad y celo de modo descentralizado. En las páginas de las distintas ediciones regionales, a diario se reportan actos de presunta corrupción que deben ser atendidos de inmediato por el órgano de control y también por el Ministerio Público, a fin de salvaguardar el buen uso de los recursos de todos los peruanos.
Debido a que no hubo un buen trabajo, años atrás nos llevamos tremendas sorpresas en regiones como Áncash, Cajamarca, Loreto y Ayacucho, sin mencionar a decenas de municipalidades donde las autoridades han actuado muchas veces con total impunidad por razones que en su momento tendrán que ser explicadas. Acá hace falta una eficiente labor de prevención.
La corrupción no solo está en Odebrecht o Camargo Correa. También está en las provincias, en los “diezmos” que se dejan a los malos alcaldes y sus malos funcionarios. Ahí también hay que atacar de inmediato, antes de que la gente de a pie deje de creer en las instituciones y a suponer que todo, absolutamente todo está podrido en un país donde no todo es malo, aunque lo parezca por la corrupción que nos agobia.
Fuente Diario Correo
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