El Perú tiene normas, órganos de control y tecnología. Lo que todavía no ha logrado cambiar es la tolerancia frente a la coima, el favor indebido y la mentira utilizada para obtener ventajas.
La inseguridad ocupa hoy el centro de la preocupación nacional. Las extorsiones, los robos, el sicariato y el avance del crimen organizado han convertido la vida cotidiana de miles de peruanos en una experiencia marcada por el miedo.
Frente a esta crisis, la respuesta del Estado casi siempre sigue el mismo camino: nuevas leyes, penas más severas, más cámaras, más patrulleros y más sistemas de inteligencia.
Todo eso puede ser necesario. Pero no basta.
El problema del Perú no es solamente que falten normas, equipos o instituciones. El problema es que muchas de las personas encargadas de aplicar esas normas y utilizar esas herramientas deciden actuar al margen de ellas. Y otras, desde el sector privado o desde la propia ciudadanía, terminan justificando esas conductas porque “así funciona el sistema”.
La corrupción no persiste porque el país no sepa que está prohibida. Persiste porque se ha aprendido a tolerarla.
El problema que está detrás de la inseguridad
La delincuencia es el peligro que vemos en las calles. La corrupción, en cambio, es el problema que debilita a las instituciones encargadas de protegernos.
Entre julio y diciembre de 2025, el 60,3 % de la población identificó a la corrupción como uno de los principales problemas del país, mientras que el 53,7 % mencionó a la delincuencia, según el INEI. La encuesta permitía más de una respuesta, pero el resultado sigue siendo revelador: incluso en medio de una grave crisis de inseguridad, los peruanos continúan percibiendo a la corrupción como el problema de fondo.
Una organización criminal no crece solamente porque tiene armas y dinero. También necesita información, protección, trámites irregulares, investigaciones mal conducidas y autoridades dispuestas a mirar hacia otro lado.
Eso no significa que todos los policías, fiscales o jueces sean corruptos. Sería injusto afirmarlo. En esas instituciones existen numerosos profesionales honestos, muchas veces trabajando en condiciones difíciles y enfrentándose internamente a prácticas que también los perjudican.
Tampoco toda liberación de una persona investigada demuestra corrupción. Puede deberse a una investigación deficiente, a la ausencia de pruebas o al respeto de las garantías procesales.
El problema aparece cuando una prueba desaparece deliberadamente, una investigación se retrasa por conveniencia, una decisión se negocia o una autoridad utiliza su cargo para favorecer intereses particulares.
En ese momento, el delincuente deja de enfrentarse al Estado y empieza a utilizar una parte del Estado a su favor.
El Perú no carece de normas
En nuestro país existen delitos como el cohecho, la colusión, el peculado, el tráfico de influencias y la negociación incompatible. También hay fiscalías especializadas, procuradurías, órganos de control, oficinas de integridad, declaraciones juradas, registros y plataformas electrónicas.
Sin embargo, la corrupción continúa.
Una nueva ley puede cerrar una modalidad de fraude, pero quien no tiene principios buscará otra manera de obtener la misma ventaja. Un sistema informático puede registrar cada etapa de una contratación, pero alguien deberá decidir si coloca información verdadera. Una cámara puede grabar una irregularidad, pero una persona tendrá que conservar la evidencia y actuar frente a ella.
La tecnología puede ayudar a detectar la corrupción. No puede obligar a nadie a ser honesto.
Lo mismo ocurre con los códigos de ética. Son necesarios, pero no cambian por sí solos la conducta de una persona que considera normal favorecer a un amigo, beneficiar a una empresa o utilizar su cargo para obtener una ventaja.
La mayoría de los funcionarios corruptos sabe que recibir dinero o favorecer indebidamente a alguien está prohibido. No actúa por desconocimiento. Actúa porque cree que puede hacerlo sin ser descubierto o sancionado.
Por eso, el problema no está solamente en las reglas. Está en las decisiones que toman las personas cuando creen que nadie las está observando.
Detrás de las cifras hay decisiones humanas
La Contraloría estimó que la corrupción y la inconducta funcional habrían ocasionado durante 2023 pérdidas aproximadas de S/ 24 268 millones, equivalentes al 12,7 % del presupuesto público ejecutado ese año.
Se trata de una estimación elaborada a partir de los resultados del control gubernamental, no de una suma establecida judicialmente caso por caso. Aun así, la cifra permite comprender la magnitud del problema.
Pero esos millones pueden parecer lejanos hasta que recordamos lo que representan: hospitales que no se concluyen, colegios mal construidos, medicamentos que no llegan, carreteras deficientes y servicios públicos que la población paga, pero no recibe adecuadamente.
Y detrás de cada perjuicio no hay solamente una falla del sistema. Hay personas que tomaron decisiones.
Alguien preparó un requerimiento para favorecer a una empresa. Alguien entregó información privilegiada. Alguien ofreció dinero para obtener una ventaja. Alguien firmó una conformidad sin verificar lo ejecutado. Alguien presentó un documento falso. Y probablemente alguien más, aun conociendo lo ocurrido, prefirió guardar silencio.
La Defensoría del Pueblo reportó 6503 casos de corrupción en trámite durante el primer semestre de 2025. Entre las conductas más frecuentes figuraron el peculado, la negociación incompatible, el cohecho y la colusión.
Detrás de esos términos legales existen situaciones muy concretas: funcionarios que se apropian de recursos públicos, autoridades que intervienen para beneficiar indebidamente a alguien, pagos a cambio de una decisión y acuerdos entre funcionarios y particulares para perjudicar al Estado.
No son delitos lejanos ni asuntos que solo interesan a abogados. Sus consecuencias llegan directamente a la vida de los ciudadanos.
La corrupción también tiene una parte privada
Cuando se habla de corrupción en las contrataciones públicas, casi siempre se señala al funcionario. Pero muchas irregularidades no podrían concretarse sin un empresario o particular dispuesto a participar.
Existe quien recibe la coima, pero también quien la ofrece. Existe quien direcciona una contratación, pero también una empresa que acepta participar sabiendo que el resultado ya fue acordado. Existe quien aprueba un documento falso, pero antes hubo alguien que decidió elaborarlo y presentarlo.
La corrupción necesita al corrupto, pero también al corruptor.
Por eso, la lucha no puede concentrarse únicamente en el Estado. También debe involucrar al sector privado.
El Perú necesita una nueva generación de empresarios que no considere la coima como un costo comercial, el contacto político como una estrategia de ventas ni la falsedad documental como una herramienta para obtener contratos.
Cada proveedor que se niega a participar en un arreglo rompe un eslabón de la cadena. Cada empresa que denuncia un direccionamiento protege su derecho a competir y, al mismo tiempo, protege los recursos públicos.
El desafío es que muchas veces la persona honesta siente que pierde oportunidades frente a quien está dispuesto a pagar, mentir o utilizar influencias. Por eso, la integridad debe ir acompañada de protección al denunciante, investigaciones rápidas y sanciones efectivas.
Pero también es necesario dejar de justificar la conducta propia con la frase: “Si no lo hago yo, lo hará otro”.
Esa forma de pensar es precisamente la que mantiene viva la corrupción.
Lo que toleramos termina convirtiéndose en costumbre
Nadie se convierte repentinamente en corrupto al ingresar a una institución pública. Muchas de las justificaciones se aprenden desde antes.
Se aprende cuando se celebra al que logra evitar una regla y se considera ingenuo al que la cumple. Cuando se utiliza un contacto para acelerar un trámite. Cuando se presenta información falsa porque “todos lo hacen”. Cuando se paga para evitar una multa o se justifica a una autoridad porque “roba, pero hace obra”.
Poco a poco se instala la idea de que actuar correctamente es una desventaja y que aprovecharse del sistema es una muestra de habilidad.
Ese es uno de los cambios más urgentes que necesita el país.
No basta con enseñar que la corrupción es ilegal. También debemos dejar de admirar al que obtiene dinero o poder sin preguntarnos cómo lo consiguió. Y tenemos que dejar de considerar ingenua a la persona que decide actuar correctamente.
La corrupción crece cuando recibe comprensión, silencio o indiferencia. Empieza a retroceder cuando provoca rechazo.
Una campaña que no termine
El Perú necesita una campaña permanente para cambiar la manera en que vemos y enfrentamos la corrupción.
No una semana simbólica, una ceremonia anual o un cartel colocado en una oficina pública. Se necesita un trabajo continuo en las familias, colegios, universidades, empresas, instituciones públicas, gremios, iglesias y medios de comunicación.
Hay que hablar de las grandes redes de corrupción, pero también de las prácticas cotidianas que las alimentan: pagar para acelerar un trámite, utilizar una amistad para obtener un privilegio, presentar un certificado falso, entregar información reservada o guardar silencio frente a una irregularidad.
También deben existir condiciones para que actuar correctamente sea posible. La persona que denuncia no puede quedar abandonada. El servidor que rechaza una orden ilegal no debe ser castigado. La empresa íntegra no puede competir permanentemente en desventaja.
Los valores sin controles pueden quedarse en discursos. Pero los controles sin valores generan una competencia interminable entre nuevas reglas y nuevas formas de burlarlas.
Necesitamos ambas cosas: instituciones firmes y personas íntegras.
La inseguridad exige respuestas inmediatas. Pero será muy difícil enfrentarla mientras existan autoridades dispuestas a proteger delincuentes, funcionarios que vendan sus decisiones, empresarios que compren contratos y ciudadanos que consideren que la corrupción es inevitable.
El cambio más importante no comenzará con otra ley, una nueva oficina o un equipo más moderno.
Comenzará cuando dejemos de tolerar, justificar y premiar la corrupción. Cuando rechazarla se convierta en una conducta normal y no en una excepción. Y cuando entendamos que cada decisión, por pequeña que parezca, puede alimentar el problema o empezar a resolverlo.
Desde ComprasEstatales.org seguiremos promoviendo una contratación pública más transparente, íntegra y responsable. Nuestro compromiso es informar, analizar y denunciar las prácticas que perjudican al Estado, pero también impulsar una nueva cultura entre funcionarios, proveedores y ciudadanos. Combatir la corrupción no depende solo de las autoridades: exige que cada persona decida no tolerarla, no justificarla y no convertirse en parte de ella.
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