Dada su trayectoria y el perfil de las personalidades que se vocean es altamente improbable que surjan casos de corrupción.
El próximo 28 de julio, Pedro Pablo Kuczynski vuelve a la administración pública por quinta vez en su vida. Esta vez como presidente de la República. Dada su vasta experiencia –en el BCR, dos ministerios y la PCM– debe tener muy claro cuáles son los problemas de la administración estatal. Como político, seguramente sabe también que para la ciudadanía el principal problema del Estado peruano es la corrupción. Así se registra en la Encuesta Anticorrupción que llevan a cabo Proética e Ipsos desde hace más de una década. Y, lo que es más grave, según la última encuesta, 78% piensa que la corrupción se ha agravado en los últimos 5 años.
La corrupción tiene múltiples caras y afecta al Estado en todos sus niveles. Para la opinión pública, la mayor corrupción se da en el Poder Judicial, el Congreso y la Policía Nacional, precisamente las entidades encargadas de combatirla. La mayoría cree que la corrupción no se sanciona porque se producen acuerdos entre los corruptos y quienes deberían sancionarlos. Algo está cambiando en el país cuando el poderoso ex gobernador y ex alcalde del Callao Álex Kouri es condenado a 5 años de prisión efectiva por corrupción, pero sin duda hay mucho por hacer.
Este rechazo a la corrupción lleva a que denuncias con indicios graves puedan ser demoledoras para la credibilidad de un político, incluso antes de ser comprobadas. Los casos de López Meneses, Belaunde Lossio y las agendas de Nadine en este gobierno son algunos ejemplos del impacto letal que puede tener la sospecha de corrupción en el apoyo popular a un gobierno.
Dada su trayectoria y el perfil de las personalidades que se vocean para su Gabinete –empezando por Fernando Zavala– es altamente improbable que surjan casos de corrupción en el Poder Ejecutivo, pero sí podría haber acusaciones de lobby. Y la ciudadanía no distingue con claridad entre una legítima defensa de intereses y las gestiones para obtener privilegios indebidos. El hecho de que la mayoría de sus futuros ministros provengan del sector privado obliga al nuevo gobierno a ser especialmente cuidadoso en este aspecto. En política no basta ser honesto, también hay que parecerlo.
La gran corrupción suele presentarse en compras de armamento y obras públicas, pero la corrupción más irritante para la ciudadanía es la corrupción menuda que se presenta cuando tiene que interactuar con entidades como las municipalidades, la Policía Nacional y cualquier entidad con el poder de dar una autorización. Esta corrupción toma a veces la forma de chantaje, donde para que el trámite “avance” se requiere un “estímulo” al funcionario.
Uno de los grandes incentivos a la corrupción es la sobrerregulación. Lamentablemente, mucha gente cree que a mayor riesgo de corrupción mayor necesidad de más controles, cuando la experiencia ha demostrado reiteradamente que es exactamente al revés. El exceso de leyes y reglamentaciones dificulta la vida al buen ciudadano y frena la inversión. Ante este tupido entramado normativo, algunos optan por resolver su problema vía la corrupción y otros caen simplemente en la informalidad.
El Perú adolece de “tramititis”. Algunos le dicen “tramitología”, pero etimológicamente es mejor llamarlo tramititis (inflamación de trámites) que tramitología (ciencia de los trámites). Este exceso suele presentarse porque los congresistas creen que su tarea principal es crear leyes; los burócratas que así ejercen poder y los funcionarios venales que es la manera de “cobrar por el servicio de facilitar la gestión”, es decir, coimear.
Dado el impacto negativo que tiene la sobrerregulación en la competitividad de la economía y el bienestar ciudadano, es de esperarse que la simplificación administrativa y el gobierno electrónico sean tareas prioritarias del nuevo gobierno. Es necesario que cada entidad lo aborde desde el primer momento para que tenga un impacto en el desarrollo de los siguientes años.
Un error común es creer que la corrupción es un problema que debe ser afrontado solo por la contraloría o el sistema judicial. De la misma manera que la medicina preventiva es más eficaz y económica que el tratamiento de las enfermedades, las políticas preventivas que introduzcan transparencia y simplicidad en la administración pública pueden ser muy eficaces para reducir las oportunidades de corrupción cotidiana.
Pero la tarea no es solo del Ejecutivo. El Legislativo tiene una gran responsabilidad y la prensa puede apoyar. Se trata de tomar conciencia de que el mejor legislador no es el que más proyectos de ley presenta. Un gran legislador puede ser también quien se dedica a la derogación de leyes que frenan el desarrollo. La simplicidad es una tendencia global. Ojalá nuestros futuros congresistas se suban a ella.
Alfredo Torres – Presidente ejecutivo de Ipsos Perú
Fuente El Comercio
