REGIONES Y MUNICIPIOS. Los medios extranjeros señalan que el Perú fue uno de los países latinoamericanos que aplicaron medidas más severas y con mayor rapidez para contener la propagación del virus. Pero lo visto la semana pasada –hospitales rebasados, aumento notorio de contagiados, cadáveres sin sepultar, miles de migrantes en las carreteras y, por supuesto, gente que no respeta el distanciamiento–, pondría en duda lo que se dice desde afuera.

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que desde la semana pasada se venían momentos muy duros, pero esa dureza parece haberse amplificado por la falta de capacidad de gestión. Es que se pueden dictar las medidas más efectivas y destinar los recursos económicos necesarios para ejecutarlas, pero si los funcionarios que tienen la responsabilidad de aplicarlas no lo hacen, lo que en el papel parece bueno no lo será en la realidad. Aunque también hay que señalar que más de una de las medidas adoptadas —incluidas las económicas, adolecen de fallas—.

Los ejemplos abundan. La crisis de los migrantes que retornan a sus departamentos sigue sin ser solucionada, en parte porque los gobiernos regionales no han estado haciendo su parte, así como por la falta de previsión del Ejecutivo en Lima, que actúa a destiempo. La participación de los municipios en el alivio de la crisis, con algo que parecía poco complicado como distribuir canastas de víveres, no funcionó. La Contraloría no deja de reportar irregularidades, que en muchos casos van más allá de la ineficiencia y se acercan a la corrupción.

En otros aspectos como la protección ante posibles contagios, los gobiernos locales también han sobresalido por su incapacidad. Cuando por fin el Ejecutivo decidió ir a los mercados —aunque tardíamente— como Caquetá (San Martín de Porres) y San Felipe (Surquillo), y hacer pruebas rápidas, confirmó que son focos infecciosos. Cabe preguntarse si ahora los municipios en todo el país tomarán medidas correctivas necesarias.

Pero donde se observa más ineptitud en ejecución presupuestaria es en el aspecto más crucial. La Contraloría ha emitido informes que revelan deficiencias en hospitales regionales (gestionados por los gobiernos subnacionales) y en los de Essalud (gestionados desde Lima), así como en entidades como el Seguro Integral de Salud (SIS): al 30 de abril, la Dirección de Lima Centro había ejecutado el 1.6% de S/ 16.38 millones para combatir el covid-19.

Los gobernadores y alcaldes muestran inoperancia y escasa colaboración y la mayoría cree que su función es quejarse y reclamar que el Gobierno “central” les solucione los problemas.

Fuente Gestión

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