Se ejecutaron obras que no habían sido solicitadas por las UGEL y se pagó a las contratistas sin que hayan terminado con los trabajos.

La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 182 mil 200 en la ejecución del servicio de mantenimiento de patios y exteriores de 19 instituciones educativas en la región La Libertad. Resulta que en estas mejoras no se han contemplado las necesidades que pidieron las unidades de gestión educativa local (IGEL).

A pesar de no cumplir con los requerimientos, la Gerencia Regional de Salud, le pagó a la contratista, sin que esta termine los trabajos. A causa de esto, al menos cinco funcionarios y exfuncionarios podrían ser denunciados por delitos penales y faltas administrativos.

Los hechos detectados ponen en situación de riesgo a los alumnos y docentes de las Instituciones Educativas N°80791 “César Vallejo” en la provincia de Ascope, N°8079 en el distrito de El Porvenir, N°82209 y N°2306 en el distrito de La Esperanza, N°80049 en el distrito de Moche, entre otras, al no garantizar las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad.

Las mejoras que iban a realizarse en las instituciones educativas eran toldeados con los parantes de estructuras metálicas en 14 colegios, lo que no fue solicitado por las UGEL; además, se ejecutaron como servicios a pesar de ser una obra, porque comprometía dirección técnica y trabajo sobre los inmuebles.

Los Términos de Referencia (TDR) del servicio tampoco incluyeron componentes técnicos (ficha técnica y condiciones climáticas), generando deficiencias vinculadas al proceso constructivo como fallas en la unión de los tensores y trabajo deficiente de soldadura y pintura. Ello ocasionó el colapso de los toldos en cuatro Instituciones Educativas y el riesgo de que esto mismo suceda en las demás instituciones educativas.

Además, no existió un criterio técnico que permita determinar la ubicación de los toldos, evidenciándose que fueron situados en zonas donde los estudiantes no practicaban ninguna actividad física, recreativa o académica, no siendo de utilidad para el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación.

También se requirió la instalación de cercos perimétricos en cinco instituciones educativas, donde la comisión auditora determinó que el contratista no cumplió con ejecutar el servicio de acuerdo a lo establecido en los TDR, pues hubo partidas que no se realizaron. De igual modo, se presentaron problemas de óxido en las mallas, tubos de anclaje y cerraduras, al no contar con la pintura anticorrosiva y esmalte.

La entidad también dio conformidad para el pago del servicio 25 días antes de que culminara, contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado y el contrato.

Fuente La Industria

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