La Reconstrucción con Cambios (RCC) continúa bajo la lupa en Lambayeque. Esta vez, la Contraloría General de la República advirtió riesgos en la ejecución del servicio para la descolmatación del tramo 1 del cauce del río Olmos, trabajos orientados a prevenir estragos ante posibles lluvias de gran intensidad.
De acuerdo al ente de control, durante el desarrollo de los trabajos valorizados en 3 millones 805,201.92 soles, se constataron retrasos injustificados, incumplimientos en la maquinaria ofrecida por la empresa contratista y penalidades que aún no han sido cobradas por la entidad ejecutora, el Programa Subsectorial de Irrigación (PSI) del Ministerio de Agricultura.
OBSERVAN. Tales observaciones constan en el Informe de Control Concurrente N° 022-2018-CG/CORECH-CC, resultado de evaluar la ejecución del contrato N° 102-2017-MINAGRI-PSI para la “Contratación del servicio de elaboración de Ficha Técnica Definitiva y descolmatación del cauce del río Olmos – Tramo 1”.
Dicha actividad, como se precisa, fue realizada en el marco de lo dispuesto por la Ley N°30556, que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).
Cabe indicar que, hace solo unos días, el PSI dio por culminados los trabajos en este primer tramo del río Olmos, pese a lo cual, la Contraloría menciona en su informe que se presentaron demoras durante la ejecución por parte de la empresa Consorcio Chiclayo, conformada por Coniesa EIRL y Contratistas Generales Gambini SRL.
En ese sentido, una de las situaciones advertidas por el ente de control es que, si bien la empresa contratista habría incumplido con varias de las condiciones establecidas en el contrato, la entidad (PSI) no realizó la debida retención de la penalidad establecida por el supervisor del servicio.
Sobre esto, se señala que el supervisor aprobó la valorización N° 1 de los trabajos mediante la carta N° 013-2017-PSI-MINAGRI/APRT, del 17 de noviembre del 2017.
En dicho documento, se detalla que la retención por penalidades ascendía a S/360,030.52, dejando un total a pagar de S/372,354.41; no obstante, el monto que fue transferido finalmente a la cuenta de la contratista fue de 732,384.94 soles.
Entre los motivos para la aplicación de las penalidades, la Contraloría menciona un “retraso injustificado”, toda vez que los trabajos iniciaron oficialmente el 27 de octubre del 2017 y debían culminar el 10 de diciembre del mismo año; sin embargo, al 28 de diciembre, estaban inconclusos y con un avance del 56% de acuerdo a la tercera valorización.
En el informe, la Contraloría refiere que las penalidades se deben también a un cambio de personal para los trabajos sin autorización de la entidad y a que la empresa no habría cumplido con la maquinaria ofrecida inicialmente.
JEFE ZONAl.Consultado al respecto, el jefe zonal del PSI en Lambayeque, Marco Lucero Bernilla, dijo que no se puede negar que hubo demoras en la ejecución del servicio, pero “hay que entender que uno de los objetivos, en coordinación con la Contraloría, fue que la meta debe ser culminada. Peor es que, a las finales, generemos un tema de arbitraje, no se termine la obra y viene el problema de las lluvias”.
Sobre las penalidades, Lucero Bernilla aseveró que tienen la opción de cobrarlas al momento de la liquidación o en el pago de la última valorización a la contratista. Agregó que si no fueron retenidas fue porque, en su momento, la supervisión no justificó la aplicación de dichas penalidades. Por último, recalcó que buscan levantar todas estas observaciones.
Fuente Diario Correo
