Coronavirus en Perú. En sesión extraordinaria, el pleno del Consejo Regional de Lambayeque (CRL) se abstuvo de aprobar el expediente de contratación directa para “adquirir insumos de higienización de manos para el Hospital Regional Lambayeque en plena emergencia de COVID-19” por la suma de S/171,500.
Según explicaron los consejeros, el expediente fue enviado en el plazo límite, pero también se habría advertido una presunta sobrevaloración en los bienes adquiridos por la entidad.
De acuerdo al Decreto de Urgencia n.° 025-2020, la regularización a través del Consejo se debe realizar máximo 30 días después de haberse recibido el bien o iniciado el servicio. En este caso ocurrió el 13 de abril; sin embargo, el expediente fue remitido la tarde del 25 de mayo (faltando un día). Para los consejeros, esto reduciría el tiempo de evaluación de los expedientes.
Frente a esta situación, por encargo del consejero delegado Óscar Carpena, la Secretaría Técnica del CRL cursó un documento a la Secretaría General del Gobierno Regional de Lambayeque para pedirle que los futuros expedientes sean remitidos “con un plazo prudencial”.
“El expediente se ha mantenido 29 días hábiles en el Ejecutivo Regional, lo que resulta un plazo en demasía y una falta de eficiencia y eficacia por parte de los funcionarios que tienen la responsabilidad del proceso de selección”, cuestionó en el oficio n.° 000362-2020
Asímismo, según el documento, la abstención de los consejeros radica en que la exposición de la administradora del hospital “no fue convincente”; además, habrían detectado que el precio de los bienes adquiridos estaría por encima de los márgenes que ofrece el mercado.
En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Salud, Mónica Toscanelli Rodríguez, pidió la intervención del órgano de control y del Ministerio Público en las adquisiciones realizadas por la Gerencia Regional de Salud (Geresa) a fin de detectar presuntos actos irregulares.
“Hemos comparado los precios con otros proveedores y nos parece que (los pagados en la compra) son altos. Nos hemos abstenido, porque posteriormente tendríamos responsabilidad por aprobar algo que podría ser denunciado por presuntos actos de corrupción”, sostuvo la consejera.
Fuente La República
