La sede de la Contraloría Regional Lambayeque detectó que se habría ocasionado un perjuicio de más de 16 millones de soles en diferentes obras ejecutadas por entidades públicas.
AUDITORÍAS
El titular de la Gerencia Regional de Control de Lambayeque, Walther Coello Ynope, manifestó que este perjuicio económico se detectó durante 20 auditorías culminadas en obras y otros procesos de selección a cargo de municipios y unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Lambayeque.
«Hay dos tipos de controles: un control simultaneo, que es una ayuda que se le da a la entidad, y está el control posterior donde se pueden ya identificar responsabilidades por irregularidades», declaró el contralor.
Además, explicó que estas auditorías se realizaron entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019, las cuales estuvieron bajo la responsabilidad de la Gerencia Regional de Control Lambayeque y OCI de distintas instituciones públicas de la región.
Asimismo, se determinó una presunta responsabilidad penal en 68 exfuncionarios de las entidades auditadas.
«De estas auditorías 13 son de OCI y 7 de la sede central regional de la Contraloría, la cual realizó control concurrente en 5 obras de la reconstrucción. Para esta labor necesito un ingeniero civil, un supervisor y un integrante de auditoría y son más de 300 obras de la reconstrucción, por lo que necesitaría 900 profesionales, por eso es imposible ver todas», acotó.
Las obras verificadas están en Mórrope, Lagunas, Pucará, José Leonardo Ortiz, Cañaris, La Victoria, en Chiclayo, Salas, Chongoyape donde se denunció responsabilidad penal y civil.
Para hacer un control concurrente, según Coello Ynope, se realiza desde el proceso de selección, incluso desde la elaboración del expediente técnico, para apoyar a los titulares de las entidades.
«Hacemos hitos de control concurrente y por cada hito elaboramos un informe al titular de la entidad para que los hechos advertidos se superen», explicó el contralor.
El funcionario fue enfático en señalar que su despacho hace una colaboración con la gestión para que regularicen anomalías, después los titulares siempre deben realizar controles. «Nosotros alertamos y si no hacen caso, hacemos los servicios de control específicos con presuntas irregularidades. Pasamos los informes al procurador y este denuncia ante la Fiscalía», declaró.
El contralor sostuvo que el caso de la avenida Chiclayo está en un 80% en cuanto al proceso de auditoría y que en diciembre habrá novedades.
«Habrá otras actuaciones importantes con responsabilidad penal, como el caso de la obra de Cañaris», alegó.
Fuente Diario Correo
