Según el Informe de Auditoría Nº 006-2017 de la Contraloría General de la República, en la ejecución del componente de instalaciones eléctricas de la obra del Paseo Yortuque se habrían cometido hechos al margen de la norma por parte de los servidores del Gobierno Regional de Lambayeque (unidad ejecutora). La Procuraduría Pública Regional inició las acciones legales contra los que resulten responsables.
La entidad regional llevó a cabo la Licitación Pública Nº 11-2012 para la adquisición de materiales eléctricos para la construcción de la referida obra por el monto de 2 millones 279 mil soles y un adicional de 41 mil 550 soles, conforme lo especificó la Gerencia Regional de Infraestructura.
Las instalaciones eléctricas se realizaron entre el 11 de marzo de 2012 al 30 de junio de 2016.
Evidencias
El Órgano de Control Institucional (OCI) del GRL concluyó que de la revisión a la documentación se determinó que se adquirieron materiales eléctricos, como son 78 proyectores sumergibles 28 LED sistema dinámico por 368 mil 197 soles, de los cuales dos se perdieron en el almacén de la sede, lo que –afirmó– vulnera la normativa del Sistema de Abastecimiento.
También se determinó que no se aplicó la penalidad por mora por 232 mil 145 soles a la contratista por incumplimiento contractual al no instalar materiales eléctricos en obra (78 proyectores sumergibles y 13 paletas de control). Además precisó que los costos de dichas iluminarias han sido considerados en el valor total detallado en la resolución de liquidación de contrato, lo que –aseguró– contraviene la Ley de Contrataciones del Estado.
Anomalías
Al respecto, el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, manifestó que el informe es claro al señalar que la contratista incurrió en retraso injustificado en la ejecución del contrato.
El tercer punto está referido a que el gobierno regional aprobó el expediente técnico de obra sin el desarrollo del componente de instalaciones eléctricas, memoria descriptiva, memoria de cálculo, análisis de costos, insumos y precios. El OCI sostuvo que estos hechos no permiten conocer la justificación de la meta.
Del mismo modo se advirtió que el contrato para la supervisión no incluyó las exigencias contractuales que garanticen la ejecución de la obra conforme a lo establecido en los documentos.
Cabe indicar que el procurador del GRL, Amado Monteza, aperturó un proceso legal contra los servidores y funcionarios que tendrían responsabilidad en este caso.
Fuente La República
