El fiscal anticorrupción José Guevara Gilarmas amplió investigación contra efectivos de la Segunda Macroregión Policial de Lambayeque y proveedores, por la presunta corrupción en la adquisición de insumos de limpieza y equipos de protección, en el marco de la pandemia del coronavirus.
La ampliación de las diligencias se dan por el presunto delito de colusión agravada en contra de Marcel Carbajal Tarazona, jefe de la Unidad de Logística; Jean Yampufe Sánchez, responsable del estudio de mercado; César Acosta Cajusol, responsables de las adquisiciones; Eduardo Fuentes Carmona, responsables de abastecimiento y servicios auxiliares; y Reinulfo Hoyos Gil, responsable de almacén.
Todos ellos son investigados por presunto agravio de la Unidad Ejecutora N° 28 Dirección Territorial Policial (Dirtepol) de Chiclayo.
La indagación incluye a siete personas que pertenecen a cuatro empresas distintas, que ganaron contratos con la Policía para abastecer a las dependencias policiales de Cajamarca, Amazonas y Lambayeque. En el misma carpeta fiscal se precisa que la prognosis de pena que podrían alcanzar los investigados sería de 6 a 15 años de cárcel, según el Código Procesal Penal.
Empero una posible condena podría variar entre 6 y 9 años de cárcel, considerando que el investigado no tenga antecedentes penales.
Se trata de Claudia Hernandez Cornejo, Ramón Adonaire Martínez, Paola Mccoy Milanes y Verónica Baldeon Limaylla, de la empresa Jade Servicios Generales; Genoveva Luna Rojas, de Inversiones Cear SAC; Luis Guevara Torres, de la empresa AMT Representaciones SRL; y Melissa Puente Oliver, de la empresa Construcciones y Servicios Generales Luni SAC.
Se investiga que los efectivos no habrían establecido como especificación técnica el registro sanitario y fichas técnicas de los productos, entre otros.
Fuente La República
