La empresa LAMSAC (Línea Amarilla SAC) podría pagar al Estado, junto con el condenado exfuncionario de Susana Villarán, Domingo Arzubialde, S/104 millones al Estado por el aumento ilegal de los peajes en Lima desde el año 2013.

El caso tiene pendiente aún debatir este monto en una etapa intermedia, antes de pasar a un juicio oral donde se dé un veredicto definitivo sobre este asunto.

La jueza María Álvarez Camacho, asimismo, será la encargada de instalar las audiencias para discutir el pedido de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato.

Esta solicitud de aumentar la reparación civil de S/17 millones a S/104 millones, se hizo el 30 de diciembre del 2019 (todavía en la gestión del procurador Jorge Ramírez), y poco después de que la magistrada Álvarez sea designada para ver el caso.

El sustento para aumentar la cantidad propuesta inicialmente fueron nuevos elementos que permitieron a Ramírez estimar que los daños ocasionados a la comuna limeña y los usuarios en general fueron mayores a los S/52 millones.

Pruebas y testigos

En caso la jueza María Álvarez rechace el aumento a S/104 millones de reparación civil, la Procuraduría ad hoc previó otro pedido: el “reajuste inverso del peaje a cobrar”.

Es decir, que LAMSAC reduzca su tarifa de cobro en las casetas de Lima en un 9,32% de forma temporal, hasta alcanzar, con ese porcentaje los S/52 millones con los que la empresa se vio beneficiada desde el 2013.

Ello con el fin de que “los usuarios se vean compensados y beneficiados en el mismo monto en que fueron perjudicados”.

La Procuraduría ad hoc tiene previsto también, para un eventual juicio oral, presentar 19 documentos (entre informes de auditoría y cartas de la Municipalidad Metropolitana de Lima) y 10 testigos.

Entre estos últimos se encuentran los investigados en el caso de Luis Castañeda Lossio, Giselle Zegarra y Bruno Luchetti (exfuncionarios ediles con impedimento de salida del país).

Todo ello será debatido cuando se convoque a audiencia. Por el momento, sin embargo, está paralizado el sistema de justicia (salvo excepciones por casos de carcelería o violencia familiar) por el avance del coronavirus en el Perú.

Fuente La República

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