Lamentablemente, el destape de la megacorrupción de las últimas semanas ha tocado a las asociaciones público privadas (APP). Y no han tardado sus enemigos en utilizar este tema como pretexto para devolvernos a la idea de que es un error la participación privada en la prestación de servicios públicos. Naturalmente, son en general profesionales de tendencias antimercado que perciben putrefacción en todo lo que huela a empresarial y los mismos que pontifican sobre lo bueno que es el Estado como proveedor de servicios, pero que se quejan de la calidad de los mismos por décadas y décadas.
Pretenden estos apologistas de la provisión estatal que pasemos por alto que la corrupción también ocurre, y con mayor frecuencia, en la prestación completamente pública. Aquella donde se cobran tarifas sin que el ciudadano pueda siquiera pronunciarse por la calidad del servicio, o en la que las recaudaciones van a financiar sabe Dios qué o, por último, aquella en la que la obra fue sobrevalorada una y otra vez sin mayor visibilidad pública. Quieren, finalmente, que olvidemos cómo eran los servicios públicos antes de los noventa, cuando solo en el Estado recaía esa responsabilidad.
Para mantener a raya a estos defensores de lo absurdo, es necesario ser cautos y prudentes para desarrollar e implementar adecuadamente las APP. Hoy vemos que el querer sacarlas como sea, sin fijar ni respetar protocolos, sin pasar por filtros adecuados so pretexto de “destrabar inversiones”, es causa importante de lo que devino en el escándalo Odebrecht. Tomémoslo como una dolorosa lección aprendida a futuro. Entretanto, no profundicemos la estocada con acuerdos de salida beneficiosos para esa empresa. Demostremos que la corrupción no tiene premio en este sistema. Si así ocurriese, la estocada puede convertirse en herida de muerte para las APP.
Fuente Diario Correo
