A pocos días de culminar su gestión, seis autoridades de la región Piura dejan su cargo en medio de investigaciones fiscales y procesos judiciales en curso por delitos de corrupción, cometidos durante su periodo de gobierno. Incluso, uno de ellos intentó tentar nuevamente un cargo público.
ACUSACIONES
Uno de los gobernantes con denuncias es el gobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck. La Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios lo investiga por el delito de colusión agravada y negociación incompatible, en calidad de expresidente del directorio del Proyecto Especial Hidroenérgético del Alto Piura (Peihap), entre el 31 de enero del 2011 al 12 de julio 2013.
Se le acusa de haber favorecido a la contratista Camargo Correa al reconocer las ampliaciones de plazo 7, 8, 9 y 10 que no eran procedentes técnicamente con las normas de contratación del Estado.
Además, se le responsabiliza por no someter controversias al Tribunal de Arbitraje y reconocer a la contratista mayores gastos generales e indemnización por 11 millones de soles, en perjuicio de la entidad.
En esta investigación también están incluidos los exmiembros del directorio del Peihap, funcionarios del gobierno regional, así como el expresidente regional Javier Atkins Lerggios. El Ministerio Público sindica como cómplices primarios del delito de colusión agravada a los representantes del consorcio Camargo Correa.
Sobre este caso, el juez Cristian Azabache Vidal, del Sexto Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, autorizó en octubre de este año el levantamiento del secreto telefónico, bancario y reserva tributaria de los acusados. Esto, luego de que la fiscal Estenia Dolyveth Castilla dispusiera la formalización de la investigación preparatoria contra Hilbck y los otros acusados.
Otra de las autoridades investigadas es el alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, Práxedes Llacsahuanga Huamán, quien es investigado por el delito de colusión por haber presuntamente favorecido a la empresa Sigma Equipment del Perú S.A.C., en la compra de un pool de maquinaria para limpieza pública en el 2015, por un valor referencial de 4’098,816 soles.
El fiscal Wilson Aliaga ha expedido el requerimiento acusatorio contra Llacsahuanga y los miembros del comité especial: Uvaldo Pizarro Paico, Iván Yahuana Huamán y Luis López Temoche, para quienes ha solicitado cinco años de prisión preventiva.
En la acusación también se incluye al representante de la empresa Sigma Equipment del Perú S.A.C, Carlos Jesús Potesta Valencia.
La audiencia de formalización de acusación para decidir si el caso pasa o no a juicio oral ha sido programado para el 30 de enero del 2019, a las 10:00 a.m, en el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura.
De acuerdo a la investigación fiscal, la comuna octubrina exoneró del proceso de licitación a la empresa Sigma, pero el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) declaró inviable dicho proceso.
Días después, el burgomaestre Llacsahuanga designó al comité especial, que dio la buena pro a la empresa sin considerar la propuesta presentada por la gerencia municipal, que hubiese ahorrado 400,000 soles al municipio de Veintiséis de Octubre.
Para la Fiscalía, las bases de la licitación habían sido elaboradas con el propósito de direccionar la obra.
Llacsahuanga Huamán postuló a la alcaldía provincial de Ayabaca pero no tuvo éxito.
MÁS DENUNCIAS
Por otro lado, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima investiga al alcalde de la Municipalidad Distrital de Castilla, Luis Ramírez Ramírez, como parte de una organización criminal, cuyo cabecilla sería un representante del consorcio SERVIUNI S.A.C, con quien firmó un convenio ilegal para la ejecución de una obra, favoreciéndose económicamente.
El fiscal Elvis Suárez Ferrer, de la Fiscalía Supraprovincial de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, ha incluido a Ramírez en esta investigación luego de que un colaborador eficaz lo acusara de haber recibido el 3% del valor de la obra de “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la Urbanización Miraflores”, cuyo costo era 12 millones de soles.
La autoridad local habría firmado un convenio ilegal en el 2015 con el consorcio Universidad Nacional de Ingeniería SERVIUNI S.A.C, para que se encargue de ejecutar la obra. Posteriormente, este consorcio suscribe un acuerdo de ejecución con la empresa Troncos Construcciones S.R.L, direccionando de esta manera el proyecto.
El burgomaestre Ramírez ha negado tajantemente la acusación y manifestó que solo fue citado como testigo.
Por otro lado, también es investigado por los delitos de usurpación de funciones y de abuso de autoridad en agravio de la Contraloría General de la República y de Jaime Norberto Chiroque Neyra.
Los hechos iniciaron en el 2015, cuando a través del oficio N°145-2015-MDC-GM la Municipalidad de Castilla comunica a la Contraloría el término de la encargatura del agraviado Jaime Choque, como jefe de la Oficina de Control Institucional (OCI).
De acuerdo al Ministerio Público, el burgomaestre no tuvo en cuenta que el trabajador no era contratado de su gestión y que sus funciones eran independientes a las resoluciones de alcaldía.
La Fiscalía ha solicitado la sentencia de 4 años de pena suspendida contra Ramírez Ramírez y el pago de S/ 12,000 como reparación civil a favor del agraviado. Cabe resaltar que la investigación contra Ramírez está en etapa de juicio oral.
ORGANIZACIÓN
Otro de los denunciados es el actual alcalde de Lobitos (Talara), Christian Jaime Reque Llontop, quien es acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Sullana de ser cómplice de la organización criminal “Los Lobiteños de la Corrupción”.
Tras la captura de la alcaldesa electa, María Excelina Chapilliquén Ruiz, y otras ocho personas como integrantes de una red criminal que habría direccionado obras por cinco millones de soles a empresas fantasmas desde el año 2015, el Ministerio Público estableció que Reque tenía conocimiento de los hechos irregulares pero no cauteló los recursos de la Municipalidad Distrital de Lobitos.
El alcalde actual es acusado por el delito de omisión de actos funcionales y se ha solicitado el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones.
Otro de los gobernantes acusados por actos de corrupción es el alcalde de la provincia de Ayabaca, Humberto Marchena, quien es acusado por los delitos de peculado, colusión y aprovechamiento indebido del cargo.
La Fiscalía ha sustentado ante el Poder Judicial el pedido de 12 años de prisión contra Marchena.
Marchena es investigado junto a su concuñada Maximina Granadino Cunya y ocho funcionarios de la gestión municipal, por direccionar 13 procesos de selección con la Municipalidad de Ayabaca, entre el 2011 y el 2013.
Según fuentes, los abogados de la autoridad han presentado un pedido de sobreseimiento que aún no sería resuelto.
INVESTIGACIÓN
Por último, el fiscal José Jiménez Moscol ha formalizado investigación contra el alcalde de Piura, Óscar Miranda Martino, por los delitos de colusión y negociación incompatible, por las preguntas irregularidades cometidas en la obra de “Mejoramiento del sistema de agua potable de la Upis Lae”. Miranda es acusado por aprobar la liquidación de obra con un saldo a favor del contratista Consorcio Piura, por más de 100 mil soles, y disponer la devolución de las garantías presentadas por el contratista.
Fuente Diario Correo
