En la primera gestión de César Álvarez, el Gobierno Regional de Áncash (GRA) pagó casi 17 millones de soles por la adquisición de 79 ambulancias. Hoy, con una sentencia judicial, ha quedado demostrado que existió sobrevaloración en la adquisición de estas unidades para el sector salud por un aproximado de cuatro millones de soles, dinero que las personas condenadas por este caso deberán devolver pues, de lo contrario, la sentencia de prisión suspendida que se dictó en su contra podría ser variada a efectiva.
Además de la sobrevaloración, las ambulancias que se compraron en el gobierno de la hoy encarcelada exautoridad fueron objeto de cuestionamientos por las características técnicas que tenían. Según el exconsejero regional de la provincia del Santa, Juan Chuiz Villanueva, estas unidades no eran adecuadas para prestar servicio en la zona sierra, por lo accidentado de su geografía. Asimismo, recordó que al poco tiempo de ser adquiridas estas ambulancias dejaron de estar operativas, a causa de falta de mantenimiento o por accidentes, por lo que su utilidad fue mínima.
SENTENCIA. La tarde del lunes último, los magistrados de la Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia de Áncash, por unanimidad, condenaron a cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de tres años, a los procesados Isaías Gualberto Celestino Huamán, Ángel Victoriano Rondán Ramírez y Cristian Abraham Castro Arquiñigo. Los dos primeros como autores y el último como cómplice. Por tratarse de funcionarios públicos, a ellos se le halló responsables del delito de peculado doloso en agravio del GRA, por la sobrevalorada adquisición de 79 ambulancias en el 2008.
El colegiado, además, fijó en S/ 3´958,400 soles el concepto de reparación civil, que deberán abonar los sentenciados en forma solidaria a favor de la entidad agraviada.
Los tres fueron inhabilitados por dos años para ejercer cargo público y deberán cumplir normas de conducta, entre ellas, pagar el monto de la reparación civil fijada.
De otro lado, los jueces decidieron absolver a los procesados Richard Cabana Chauca, Francisco Vásquez Carrillo, Luis Julián Guillermo Azaña y Óscar Nicanor Ruíz Conde, quienes eran acusado del delito de negociación incompatible en agravio del GRA. También se halló inocente a Israel Saturnino Fernández Gómez, quien enfrentaba cargos por peculado doloso en la condición de cómplice.
La investigación del Ministerio Público determinó que los exfuncionarios del GRA se apropiaron de S/ 3´918,400 producto de la sobrevaloración de la adquisición de 79 ambulancias tipo I a la Empresa Nissan Maquinarias S.A., esto en el 2008, cuando César Álvarez Aguilar se encontraba a cargo del ente regional.
SITUACIÓN. Juan Chuiz Villanueva recordó que cuando asumió como consejero, para la segunda gestión de César Álvarez, ya algunas de las ambulancias ya no estaban siendo utilizadas.
“Nosotros encontramos ya adquiridas estas ambulancias y muchas de ellas ya inservibles, yo asumí en el 2011 y los equipos se compraron en el 2008”, sostuvo.
Asimismo, señaló que las ambulancias presentaban características técnicas que no eran las requeridas para el trabajo en la zona sierra.
“Cuando yo hice la investigación, vi que técnicamente las ambulancias no eran los mejores, tal vez para zona costa podían servir, pero para la sierra no eran tan buenas por las características que tenían (…) Las ambulancias tienen modelos estándares que el mismo Minsa recomienda técnicamente, pero estas ambulancias parecían carretía de (helados) Donofrio, ese el nombre que se les puso”, mencionó.
De otro lado, Chuiz expresó que debido a que los funcionarios del GRA no destinaron presupuesto para el mantenimiento de estas unidades, y solo las entregaron a otras instituciones, muchas las ambulancias quedaron inoperativas.
“Como no hicieron eso (destinar presupuesto), realizaron convenios con municipios y cuando han habido accidentes o fallas simplemente los municipios los han dejado allí, no se han hecho cargo para realizar los mantenimientos (…) Lamentablemente algunas ya no las van a reparar, sale más caro repararlas que comprar una nuevo”, dijo.
Por último, el exconsejero opinó que también debió recaer una sanción sobre la personas que dirigía el GRA cuando se realizó la compra. “Siempre los titulares del pliego son los responsables principales, si bien no son miembros de la comisión, pero sí son los responsables en todos los procesos”, mencionó.
Fuente Diario Correo
