Al margen de que el resultado del Concurso de Supervisión del Muelle Norte sea la declaratoria de “desierto”, las extrañas movidas al interior del organismo supervisor que dirige Juan Carlos Zevallos en torno a la convocatoria para la licitación de las obras ameritan una profunda investigación.
En la edición No. 19 de Siete publicamos un informe sobre licitación convocada por Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) para supervisar las obras del Terminal Norte del puerto del Callao. Un proceso en el cual encontramos más de una irregularidad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué otro motivo habría para iniciar de esta forma un proceso de selección de más de US$ 16 millones?
En primer lugar, tenemos la prisa con que se convocó al proceso de selección pese a que era evidente que no había ninguna emergencia ni necesidad, mucho menos riesgo de desabastecimiento inminente. Al parecer, la única premura apunta a la intención de dejar la obra licitada antes de que la administración de Juan Carlos Zevallos, actual presidente ejecutivo de Ositran, concluya.
En este punto, debemos tener en cuenta que el expediente técnico de la obra no ha sido aprobado, pues falta subsanar las observaciones técnicas, completar el estudio medioambiental y la certificación de la no presencia de restos arqueológicos, entre otros. Además, el concesionario no ha iniciado aún el proceso de selección de los consorcios contratistas de las obras y del equipamiento. En recientes declaraciones, el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Fank Boyle, mencionó que en mayo se realizará la demolición de algunos ambientes menores en preparación, para que las obras portuarias puedan ser iniciadas, aunque este inicio haya sido programado para agosto del presente año, con una ampliación del muelle existente de apenas28 metros. Recordemos que la APN es la entidad a la cual compete la aprobación del expediente técnico de las obras.
Falta de transparencia
Otro punto a tomar en cuenta es que, además de lo expresado líneas atrás, hay un exceso de contrataciones a favor de la firma española Técnicas y Proyectos S.A. (TYPSA) al otorgársele todas las supervisiones importantes convocadas por Ositran en el 2011, por un valor de más de US$ 20 millones. En nuestra edición 19 adelantamos que se le daría la buena pro a dicha empresa, hecho previsible entre otras cosas por las contestaciones a las consultas efectuadas tanto por esta empresa como aquellas canalizadas a través de su socio local, la empresa HOB Consultores, para rebajar y modificar los requerimientos para que se adecuen a sus necesidades.
Precisamente, durante el acto de apertura del sobre económico (viernes 30 de marzo), el Comité Especial anunció que la propuesta del otro postor (las empresas CESEL y Nippon Koei) no había calificado porque, según la interpretación del Comité, no presentaron correctamente uno de los documentos correspondientes a la Etapa de Certificación, correspondiente a la Entrega de propuestas (viernes 23 de marzo). Esto se ajustaba a lo consignado “según numeral 12, sub numeral 12.2, literal G, Formulario 1.7 de las Bases Integradas, declarándose rechazada su oferta”. Pese a esto, el 23 de marzo (día de la “Presentación de Ofertas – Sobres 1, 2 y3”) se había levantado el acta, declarando apta y admitida dicha propuesta.
La propuesta ascendía a US$ 14’679,616.02, monto originalmente considerado como coincidente con el límite inferior indicado en las Bases Integradas.
Debemos apuntar que nuestra legislación reconoce la preclusión de las etapas, es decir que una vez concluidas no se permite regresar a una etapa previa, porque esto vulnera el principio de transparencia y garantías a los postores. Es lógico suponer que, en caso contrario, sería muy fácil descalificar a un postor poco agradable para el Comité.
Esto daba como ganador al otro postor, TYPSA-HOB como ya lo habíamos anticipado la Revista 7. La preclusión de las etapas y la imposibilidad de regresar a una etapa anterior, no solo está reconocida en la reglamentación de obras públicas; existe una amplia jurisprudencia al respecto, según fuentes del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) consultadas por la Revista Siete. Se trata de un principio de elemental para garantizar la transparencia.
Investigación necesaria
Y, tal como lo anunciamos en nuestra revista, el viernes 30 de marzo se pretendió anunciar apuradamente al Consorcio TYPSA-HOB como único postor. Se dijo que había alcanzado “984 puntos” y luego se abrió la propuesta para asignársele la buena pro. Pero los Asistentes y el Comité se percataron que TYPSA-HOB había equivocado su propuesta económica, siendo esta inferior al 90% del presupuesto referencial.
Las bases integradas y nuestra legislación establecen que las propuestas inferiores al 90% del presupuesto referencial deben ser eliminadas. Por esto, Comité Especial se vio en la obligación de declarar la suspensión del proceso, según consta en acta, y recomendar la nulidad del mismo ante la instancia que inició el proceso con la resolución respectiva.
¿Y qué o quién será esta instancia? ¿El mismo Juan Carlos Zevallos? ¿El cuestionado gerente general Carlos Aguilar Meza, quien no aceptó ser entrevistado por nosotros? ¿Acaso el nuevo presidente de Ositran, quien quiera que sea elegido entre los dos directores actuales que pugnan por este nombramiento?
Nuestras fuentes al interior de Ositran sospechan, a la luz de los hechos, de un caso de corrupción. Y, si bien es cierto que esta provendría de las autoridades nombradas por el gobierno anterior, las mismas que están próximas a culminar su gestión, pareciera que muy poco o nada ha cambiado con el gobierno de Ollanta Humala.
Las nuevas autoridades deben iniciar de inmediato un proceso de investigación interna de todos estos hechos, abrir las ventanas y limpiar la casa. De otra parte, la Contraloría general de la República debe, de inmediato, iniciar una acción de control e investigación de estos hechos, al igual que la Megacomisión del Congreso que investiga los actos de corrupción cometidos por el gobierno aprista y sus funcionarios, considerando especialmente que la concesión forma parte de su agenda.
Por último, este asunto también concierne a la Comisión de Transportes y a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.
Fuente Siete.pe
