Mientras los ojos de la opinión pública se orientan a temas de coyuntura como la libertad de Keiko Fujimori o a las elecciones parlamentarias del 2020, un nuevo e importante caso de corrupción se viene investigando a nivel administrativo y que se conocería como el “Club de las imprentas” o el “Club del Libro”, como lo llaman otros.

En octubre pasado, mes en el que todavía persistía la fiebre post disolución del Congreso, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), inició un proceso sancionador contra seis empresas que presuntamente se coludieron para concentrar y repartirse las licitaciones con la complicidad del Estado entre los años 2009 y 2016.

De dicha negociación, cabe señalar, las coludidas resultaron favorecidas por cientos de millones de soles, casi todas, por montos equiparables.

Esta modalidad de negociados no es nueva. De hecho, el de mayor fama y que actualmente es investigado a nivel penal involucra a importantes empresas del sector inmobiliario. Es el caso del “Club de la Construcción” que tiene que ver con la concertación no precisamente lícita entre varias constructoras para adjudicarse y repartirse licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Entre las más sonadas socias de ese oscuro sindicato se encuentran Odebrecht y Graña y Montero. El elemento más demoledor en este caso es que las consorciadas tenían contactos claves en el MTC –lobistas y altos funcionarios- con quienes sellaban sus ilícitos acuerdos.

El caso que presentamos en esta edición pone en el ojo de la tormenta, también, a algunas de las más conocidas casas editoras, tales como el grupo El Comercio S.A. y su subsidiaria Amauta Impresiones Comerciales S.A.C.; Industria Gráfica Cimagraf S.A.C., Metrocolor S.A., Corporación Gráfica Navarrete S.A. y Quad/Graphics Perú S.A.

De acuerdo con Indecopi, las mencionadas imprentas habrían concertado subrepticiamente para licitar con el Estado, siendo el principal negocio una serie de servicios requeridos por el Ministerio de Educación (Minedu).

Por mencionar, recordemos dos ejemplos cotidianos: en 2013, Editora El Comercio obtuvo S/ 3’836,195 por la impresión de unos módulos para el curso de Matemática, licitado por el Programa de Educación Básica para Todos UE 026 (Minedu). Esta misma entidad licitó antes (en 2009) con la empresa Metrocolor, para la impresión de unos materiales sobre comprensión lectora, por el precio de S/20’400,000.

TERCERIZANDO…

Segraf (Servicios Editoriales y Gráficos) es la empresa propietaria de la imprenta de Editora Perú, que edita el diario oficial El Peruano, que fue creada para dar servicios editoriales y de publicaciones a las entidades del Estado. Segraf tiene entre sus activos una moderna máquina alemana KBA, que generalmente está “malograda” con tal de tercerizar los trabajos en el sector privado.

MILLONES Y MILLONES

Lo anterior es apenas la punta de iceberg. Y es que EXPRESO revisó el registro de proveedores del Estado que es de libre acceso en el nuevo portal www.gob.pe y se dio con una sorpresa: no son miles ni millones, sino S/1,391’311,197 que ha facturado el citado “Club de las imprentas” o “Club del Libro” en los últimos años.

Es lo que hemos ubicado en la información disponible. Veamos.

La casa Editora El Comercio S.A., junto a su subsidiaria “El Amauta”, ha logrado facturar en la última década nada menos que 304’027,238 millones de soles en servicios de impresiones para el Estado. Entre los contratantes más recurrentes se encuentran los ministerios de Educación, de Salud, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, entre otras entidades públicas.

Otro que se lleva un millonario importe es la empresa Metrocolor S.A., de propiedad de la familia Belmont: en menos de 10 años, ha licitado servicios de impresión por S/325’721,072. Y es el Minedu el principal contratante que ha enriquecido los haberes de esta compañía.

Un total de S/ 454’169,435 es lo recaudado por Corporación Gráfica Navarrete S.A. por haber ofrecido servicios varios de impresión, encuadernación y similares, siempre para reparticiones públicas. Tal y como ocurre con las firmas antes mencionados, esta empresa tuvo varias licitaciones con el Minedu, ONPE y algunas municipalidades.

Finalmente, la Industria Gráfica Cimafraf y Quad/Graphics Perú S.A. generaron ingresos de hasta por S/48’513,679 y S/258’879,773, respectivamente, por servicios diversos de impresión.

Sin embargo, llama la atención que a pesar de los cuestionamientos han seguido licitando con el Estado.

Por estos y un sinnúmero de otros contratos, Indecopi tiene gruesas sospechas de que se realizaron concertaciones que pueden haber cruzado la delgada línea roja el delito. Esta hipótesis, además, se sostiene en documentos y correos electrónicos que constituirían elementos probatorios.

Sospechas de negocios al parecer nada santos que tuvieron luz verde cuando fueron ministros de Educación José Chang (2006-2011), Víctor Raúl Díaz (2011), Patricia Salas (2011-2013) y Jaime Saavedra (2013-2016).

LICITACIONES FRAUDULENTAS

Una fuente de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, grupo a cargo de la indagación, explicó a EXPRESO cuáles son los eventuales pasos que se vienen en este ‘affaire’.

“El procedimiento seguido contra las seis empresas es de carácter administrativo sancionador por infracción al TUO de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas por licitaciones fraudulentas o colusorias en el mercado de servicios de impresiones gráficas de material educativo a nivel nacional, esto entre enero de 2009 y julio de 2016”, explica.

Se trata de 23 procedimientos de contratación y servicios de impresión de textos escolares en el Minedu y uno con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Si la comisión concluye que los infractores incurrieron en una falta “muy grave”, les podría imponer una multa superior a las 1000 UIT.

Adicionalmente, podría dictarse una multa de hasta 100 UIT a cada uno de los representantes legales o las personas que integran los órganos de dirección o administración, según su responsabilidad en la infracción.

“El procedimiento se encuentra en su etapa de descargos, en la cual las investigadas tienen el derecho de rebatir la imputación de cargos realizada en su contra”, añade la fuente.

Cabe recalcar que el plazo para que se emita la decisión final en un procedimiento administrativo sancionador es de un año y 10 meses.

Si el Ministerio Público y la Contraloría General de la República hacen funcionar las alertas, el caso del “Club de las imprentas” podría llegar a tribunales penales, y tal vez más allá, como sentencias de culpabilidad que son penadas con hasta 15 años de cárcel por presuntos delitos de colusión, cohecho, malversación de fondos y otros, tal como lo sostiene el letrado Víctor Quijada en estas páginas.

OTRAS SANCIONES

La empresa Editora El Comercio ha recibido siete sanciones por incumplimiento de la obligación de informar, falta de idoneidad, falta de atención a reclamos, entre otros, que ascienden en total a 3 UIT, es decir, cerca de 13,000 nuevos soles.

PIDEN NUEVA LEY

La Cámara Peruana del Libro (CPL) planteó la necesidad de una nueva Ley del Libro porque la actual ya rige 16 años, lapso en el cual la industria ha crecido en 300 %, dijo días atrás su director de contenidos, Pedro Villa.

Fuente Diario Expreso

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

diecinueve − cinco =

Translate »