Entre los 38 casos o expedientes que lleva el Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato, hay tres relacionados directamente con la ejecución de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica del Sur, y que a su vez corresponden a los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011).
Los tres expedientes (02-2017, 121-2017 y 05-2017) comprometen a un total de 36 personas que vienen siendo investigadas por el Equipo Especial, desde el mismo expresidente Alejandro Toledo, además de otros funcionarios importantes de su gobierno, hasta un grupo de funcionarios del segundo gobierno de Alan García.
La información cobra especial relevancia si se trata de ahondar en el destino del promedio de 22 millones de dólares adicionales que pagó Odebrecht en coimas para los tramos 2 y 3 de la Interoceánica, según la revelación efectuada en Curitiba por Sergio Nogueira, exsecretario de la Junta de Accionistas del Consorcio Conirsa.
Caso Toledo
El expediente 02-2017, a cargo del fiscal José Domingo Pérez Gómez, comprende a 13 personas y encabeza la lista el prófugo expresidente Alejandro Toledo. En este caso fundamentalmente se investiga el pago de US$ 20’000,000 a Toledo para el favorecimiento a dos consorcios integrados por Odebrecht, para la ejecución de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.
Como se recuerda, la buena pro fue otorgada el 23 de junio del 2005. La lista de investigados comprende a exfuncionarios de Ositrán (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público), quienes otorgaron la buena pro. Asimismo, el otrora hombre de confianza de Toledo, Josef Maiman, y otras personas de su entorno.
Finalmente, forman parte de la investigación preparatoria los representantes de las empresas socias de Odebrecht: Graña y Montero S.A., JJC e ICCGSA. Según se conoció luego, también tuvieron conocimiento y participación en el pago del soborno (ver la lista adjunta).
El gobierno de Alan
El exprocurador Luis Vargas Valdivia se refirió a los detalles de las declaraciones de Sergio Nogueira en Curitiba y subrayó que, de los 45 millones de dólares en sobornos pagados para los tramos 2 y 3 de la Interoceánica, ya se sabe que 20 millones de dólares fueron para Toledo y unos tres millones estuvieron destinados a árbitros que favorecieron a Odebrecht.
¿A dónde fueron a parar, entonces, los otros 23 millones de dólares? Vargas Valdivia desliza que podría corresponder al periodo comprendido entre el 29 de julio del 2006 y el 2009, según la información que le fue proporcionada a Nogueira. Es decir, al segundo gobierno de García.
Precisamente el Equipo Especial del caso Lava Jato tiene otras dos investigaciones sobre los tramos 2 y 3, con un total de 23 exfuncionarios del segundo gobierno aprista.
El expediente 121-2017 del caso IIRSA Sur, Tramo 2: Soluciones técnicas comprende tres hechos relevantes que son materia de investigación, a cargo del fiscal Puma Quispe.
Por un lado, el 28 de marzo del 2008 el gobierno aprista aprobó un acta de trato directo que permitió el pago de un sobrecosto en el orden de US$ 36’695,476.62 para el tramo 2.
En segundo lugar, se suscribió la Adenda Nº 05 en el año 2009. Según el informe elaborado por el excongresista Juan Pari, con esta adenda se incrementa la valorización de los gastos generales de 27% a 35,5%, sin que se cuente con una “sustentación detallada”.
Finalmente, para el tramo 2 se ejecutaron tres “soluciones técnicas”, para los tramos de Hualla Hualla, Ocongate y Huayllayoc. La Contraloría General de la República, que hizo la investigación para este caso a cargo del Ministerio Público, estableció que este mecanismo implementado para los tramos de las zonas de Hualla Hualla, Huayllayoc y Ocongate (Cusco) solo generó un perjuicio económico de más de 57 millones de dólares, a pesar de que la intención era generar ahorros para el país.
Las adendas
Toledo. Su gobierno generó seis adendas para los tramos 2 y 3.
García. Dio lugar a nueve adendas para estos dos tramos.
Despilfarro. Gracias a estas adendas hubo una diferencia adicional de gasto de US$ 744 millones.
Fuente La República
