Pueden ser Los Apretones de Gamarra, Los Bujieros de Tomás Marsano, Los Injertos de Bayóvar o Los Bastardos de Invernalia. Siempre que se identifique a una banda criminal, encontraremos un apodo como estos gracias a la creatividad de un reportero de policiales o a la de un comisario.
Un apelativo menos ‘aguerrido’ ha merecido el presunto cártel de empresas constructoras que se habrían coludido entre ellas y con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para repartirse la construcción de obras viales entre el 2011 y el 2014: el ‘club de la construcción’.
Según la hipótesis fiscal, detallada por la Unidad de Investigación de El Comercio y por la revista “Semana económica”, los representantes de más de 10 constructoras nacionales y extranjeras pactaban quién sería la empresa o consorcio ganador de alguna licitación de Provías Nacional (por turnos, y previa o posterior reunión en el Swissôtel). Entregaban el orden de ganadores al empresario Rodolfo Prialé, quien gestionaba sus intereses ante el ex asesor del Viceministerio de Transportes Carlos García, el que, a su vez, se encargaba de ejecutar el acuerdo en el ministerio. Los millonarios sobornos pagados representaban el 2,92% de la obra por adjudicar.
Este presunto cártel no rompía lunas, rompía manos. No saqueaba casas, saqueaba las arcas estatales. No asesinaba a sus víctimas, mataba la competencia. Con el dinero que habrían quitado al Estado –que pudo ser destinado a áreas como salud, alimentación y educación– quizá sí quitaron más años de vida que Los Apretones, Los Bujieros o Los Injertos.
Si bien la investigación fiscal está recién empezando, este caso debería llamarnos a la reflexión sobre los cárteles que pueden aún existir y estar robando al Estado (o sea, a nosotros, los contribuyentes) y sobre la importancia de contar con las herramientas para detectarlos y combatirlos. Una de las más útiles –qué duda cabe ahora– es la colaboración eficaz. Por ello, me animo a plantear algunas ideas para darle más y mejores armas a la fiscalía, que debe enfrentar a criminales más organizados que los raqueteros del barrio:
- Agilizar el acuerdo de beneficios con los colaboradores eficaces. Pasó más de un año desde el inicio de negociaciones entre el Ministerio Público y Odebrecht y aún no hay noticias de un acuerdo definitivo. La demora se debe a lo que toma corroborar los testimonios de los colaboradores. Según la legislación vigente, primero hay un acuerdo preparatorio, luego una fase de corroboración, después se redacta el acuerdo final, se aprueba por el juez y este dicta sentencia. Bien se podría celebrar un solo acuerdo, aprobado por el juez, y cuya eficacia y beneficios estén condicionados a posterior corroboración o a que no se desacredite la veracidad de lo afirmado por el colaborador. Ello daría seguridad al colaborador eficaz sin descuidar la comprobación de la verdad.
- Otorgar al Ministerio Público capacidad para negociar y decidir sobre la reparación civil cuando el agraviado sea el Estado. En estos supuestos, no tiene sentido tener a fiscales disparando por un lado y procuradores por el otro. La prioridad debe ser la persecución penal y el esclarecimiento de los hechos; la búsqueda de la reparación civil debe sujetarse a esa estrategia.
- Reformar el Decreto de Urgencia 003-2017 para que no se aplique o se suspendan sus medidas (retención de ingresos, impedimento de transferencias al extranjero) a quienes logren acuerdos de colaboración eficaz. Ese sería un incentivo adicional para que otras implicadas en los casos de Lava Jato o del ‘club de la construcción’ confiesen sus culpas, de ser el caso, y delaten a sus cómplices.
Frente a un Ejecutivo que no muestra aplomo ni ganas para luchar contra la corrupción, quizá algún congresista quiera alzar la bandera en esta batalla.
Fuente El Comercio
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