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Más de 10 expedientes por presuntos delitos de corrupción contra exgobernador regional de Apurímac

Más de 10 expedientes por presuntos delitos de corrupción contra exgobernador regional de Apurímac

Según la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Apurímac, el exgobernador regional Elías Segovia Ruíz tendría en su contra más de diez expedientes en curso por delitos de corrupción que se encuentran en etapa de investigación preliminar y formalización de denuncia, de los cuales solo dos están judicializados hasta la fecha.

Pese que su gestión culminó en el 2014, actualmente afronta un primer juicio por el desvío de un millón 756 mil 129 soles de cinco proyectos de inversión que contaban con su propio presupuesto para ejecutar la pista de aterrizaje emergencial de Soccllaccasa de 700 metros de longitud con 30 metros de ancho, perjudicando a un importante número de pobladores de diferentes localidades de la región.

Tras casi un año de dilaciones y argucias judiciales por parte de los acusados, en junio del 2016, el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, José López Mantilla, dictó nueve meses de prisión preventiva contra la exautoridad y los exfuncionarios Carlos Jiménez Carazas y Aquilino Lloclla Céspedes porque no cumplieron con amortizar la caución económica de 50 y 10 mil soles, respectivamente.

Sin embargo, ésta resolución fue impugnada ante la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac que decidió declarar fundado el pedido de la defensa técnica de Segovia Ruíz y suspender la orden de prisión preventiva para volver a las restricciones personales.

Por pagar la caución dentro del plazo establecido fueron exceptuados José Lizárraga Trujillo y Máximo Roca Caso que ocuparon la gerencia general y gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Actualmente este caso se encuentra en la Corte Suprema de la República en pedido de casación aún por resolver. Cabe precisar que los cinco imputados son procesados por los presuntos delitos de peculado y malversación agravada.

El segundo juicio. En marzo del 2017, el fiscal anticorrupción Hernán Warthon Quintanilla solicitó prisión preventiva de 18 meses contra el exgobernador y los exservidores Guillermo Ligarda Casis, Edison Zegarra Vivanco, Robinson Palacios Moreano, Giovanni Tovalino Riveros por serias irregularidades en la adquisición de bienes y equipos para el gobierno regional por un monto superior al millón de soles.

Durante las investigaciones se determinó que los procesados para sustentar los gastos efectuados, presentaron facturas y boletas de compras falsas, las mismas que fueron sobrevaloradas o presentaban direcciones inexistentes, razón por la cual, fueron acusados por los delitos de peculado doloso agravado, falsedad ideológica y uso de documento privado falso.

De acuerdo a la misma acusación, todos estos recursos de carácter público fueron orientados sistemáticamente para el financiamiento de la campaña reeleccionista de Segovia Ruíz del 2014.

En esta etapa se producen varios hechos que llamaron poderosamente la atención y que buscaban dilatar el inicio del juicio oral, llegándose a postergar hasta en tres oportunidades.

Según los voceros del Poder Judicial, esta situación se originó porque los magistrados tenían demasiada carga laboral o se encontraban de vacaciones, provocando duras críticas de diferentes sectores de la población.

Sin embargo, en junio del 2017, el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Ricardo López Mantilla (lo sentenció la primera vez) y luego de reincorporarse a la judicatura tras ser rechazada su permuta a otra sede judicial, dictó prisión preventiva de nueve meses contra Segovia Ruíz y los cuatro procesados, al término de una maratónica audiencia que se prolongó por espacio de 14 horas.

Como era de esperarse la cuestionada exautoridad, sin haberse presentado a la lectura de sentencia y a través de su defensa legal apeló la decisión del juez López Mantilla.

Su estrategia de seguir evadiendo la acción de la justicia no le dudaría mucho. El 22 de julio la Sala de Apelaciones, confirmó en todos sus extremos la resolución de primera instancia, pasando Segovia Ruíz nuevamente a la clandestinidad al igual que sus demás colaboradores.

A la fecha se encuentra en condición de prófugo de la justicia, con una orden de prisión preventiva de nueve meses y pesando sobre su cabeza una recompensa de 20 mil soles ofrecida por el Ministerio del Interior a la persona que brinde información de su paradero y facilite su captura.

Fuente Diario Correo

 

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