Recién con César Álvarez Aguilar en la cárcel, se empiezan a hacer públicos los informes respecto a acciones de control efectuadas por la Contraloría General de la República a licitaciones de servicios y procesos de selección de obras en dónde existirían presuntas irregularidades advertidas por esta entidad. Correo ha tenido acceso a dos documentos relacionados a exámenes ejecutados en el Gobierno Regional de Áncash (GRA) el año pasado, pero que están relacionados a procesos que se licitaron cuando Álvarez dirigía las riendas de nuestra región.
EN COMPRAS DIRECTAS. La carpeta de control 038-2015 está relacionada a la “contratación directa de servicios de mantenimiento, reparación, acondicionamiento e implementación y de bienes” hechas en el GRA durante el período 1 de enero de 2013 hasta 31 de julio de 2014.
El caso está referido a las compras directas menores a las tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT) que se realizaron en la Región durante los últimos dos años de gestión de Álvarez.
El informe de Contraloría respecto a este caso consta de 21 tomos y las conclusiones fueros del “examen especial” aplicado al GRA fueron derivadas en mayo del año pasado a la Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Áncash, en Huaraz.
La Contraloría señala que “funcionarios y servidores regionales durante el año 2013 y de enero a julio de 2014, tramitaron requerimientos de bienes y servicios de mantenimiento, reparación, acondicionamiento e implementación de las instalaciones de la entidad sin especificaciones técnicas, ni términos de referencia”.
Asimismo en estas inversiones, señala el ente auditor, tampoco se contó con “la opinión del área especializada” y se hicieron sin criterio técnico.
De esta forma, en el GRA – dice la Contraloría – se vulneró “el procedimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios por montos iguales o inferiores a tres UIT, ocasionando que se pague el monto de 4 104 089,50 soles.
COLEGIO BOLÍVAR. El informe 060-2015 de la Contraloría data de febrero de 2015, está referido a la visita de control a la obra de “mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa inicial número 320 de Bolívar Alto” y concluye que se “han identificado 8 hechos que han generado riesgos y que pueden afectar el desarrollo de la ejecución de la obra”.
Esta es una de las tantas infraestructuras que quedó paralizadas durante la gestión de César Álvarez y que le corresponde al gobierno de Waldo Ríos Salcedo reiniciar. Por ello que el documento de Contraloría fue remitido al despacho de la Subregión Pacífico, cuando estaba al frente de esta oficina Alicia Barrenechea Berna.
Una de las más resaltantes – y preocupantes – es por ejemplo que de la visita hecha a la obra se advierte “el pago de partidas no ejecutadas”. La Contraloría refiere que la empresa Huamán & Jave, en la valorización de la obra número 1, comprendida en el período de 24 de setiembre al 31 de octubre de 2013, valoriza al 100% las partidas de caseta de almacén, caseta de guardianía y cartel de obra.
Sin embargo, la entidad señala que de la verificación y constatación física “se advirtió que la obra no cuenta con cartel de obra, además el almacén y la caseta de guardianía están ubicadas en aulas existentes, por lo que los metrados valorizados no son reales”. Agrega que “los pagos de partidas no ejecutadas generan riesgo de un perjuicio económico a la entidad”.
Otra presunta irregularidad advertida es que la labor de supervisión de la obra se hizo “sin el contrato respectivo”. Precisan que al momento de la visita a la obra “se adverite la carencia del contrato de supervisión de la obra”, sin embargo en los informes de valorizaciones de supervisión 1 y 2 correspondientes a octubre y noviembre, se aprecia que según el Seace se le había otorgado la buena pro de este servicio a la arquitecta Jeanine May Rodas Echevarría.
“El desempeño laboral de la supervisión sin el contrato respectivo genera el riesgo que no se garantice idóneo control durante la ejecución de la obra”, menciona la institución.
El informe advierte también modificaciones en obra respecto a los planos del expediente técnico sin el procedimiento técnico de aprobación correspondiente.
Así en la inspección “se verificó que el ingreso auxiliar, el ingreso principal, las bruñas en las aulas, el patio principal, las bancas, las jardineras, la rampa de ingreso y las ventanas exteriores, no corresponden a los planos del expediente técnico”.
Otros aspectos observados son la falta permanente de personal técnico calificado en la ejecución de la obra. Se entiende que su ausencia al momento de la verificación se debió al estado de abandono de los trabajos.
EN LA MPS. El informe de auditoría 985-2015 de diciembre de ese año, advierte serias irregularidades en el proceso de contratación y ejecución contractual del proceso de adquisición de hardware y software para el proyecto de “mejoramiento de tecnologías de información y comunicación en la Municipalidad Provincial del Santa”, cuando la comuna tenía como alcalde al hoy detenido Luis Arroyo Rojas.
En los hechos observados se precisa que los funcionarios de la comuna provincial elaboraron y firmaron el contrato 207-2015-UL- MPS “a pesar que el consorcio incumplió con presentar la documentación dentro del plazo previsto”. Asimismo, advierten que los edilicios “modificaron las condiciones y proforma de contrato, determinando que la prestación del servicio se realizara de manera periódica y con pagos parciales”, contradiciendo lo establecido en las bases administrativas.
Lo más delicado es que según Contraloría habrían se habrían pagado 534 mil 926.21 soles por las dos primeras etapas del servicio, sin que este se haya brindado y sin poner en funcionamiento el sistema de gestión de trámite documentario.
El monto cancelado al consorcio constituye también el perjuicio económico para la entidad edilicia.
Fuente Diario Correo
