Se necesita una lucha anticorrupción con investigaciones rigurosas que, en vez de estar pensadas para la tribuna, establezcan las condiciones para llegar a la verdad y sancionar a los responsables, pero sin paralizar la actividad económica con todo el perjuicio que ello implica en puestos de trabajo y calidad de vida de la gente.
Eso es, lamentablemente, lo que ha estado ocurriendo y abundan las expresiones del fracaso de la incapacidad de hacer lucha anticorrupción sin afectar de manera considerable la actividad económica, desde el decreto de urgencia 003 cuya vigencia está por vencer, hasta el impacto que podría tener la paralización de las empresas acusadas de pertenecer a un club de la construcción creado para organizar los sobornos en la asignación de las obras públicas.
Por un lado, hay consenso en el tremendo fracaso que ha significado el DU 003 para cumplir su objetivo de asegurar “la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos” y cautelar “el pago de la reparación civil a favor del estado en casos de corrupción”.
De acuerdo con el abogado José Ugaz, este decreto ha conseguido que 147 de 247 proveedores de Odebrecht hayan quebrado implicando la pérdida de 9 mil empleos, la paralización del gasoducto del sur que llevó a que el año pasado no puedan salir de la pobreza 150 mil personas, así como el entrampamiento de la venta del proyecto hidroeléctrico de Chaglla valorizado en US$1,400 millones.
Por otro lado, como ha apuntado el economista Gianfranco Castagnola, la incipiente reactivación económica se va a perjudicar tremendamente por el riesgo de iliquidez de las empresas constructoras, afectando la ejecución de proyectos importantes en los sectores privado y público, incluyendo la reconstrucción.
¿Quiere esto decir que, para no afectar la economía, hay que hacerse de la vista gorda frente a la corrupción? En modo alguno, todo lo contrario, pero sí requiere hacer lucha anticorrupción en serio y no mediante estridencias para la tribuna.
Ugaz y Castagnola han planteado, como muchos otros, iniciativas en ambos terrenos que son absolutamente compatibles con la lucha anticorrupción y la minimización del perjuicio económico. Esto sí se puede.
Lo que se requiere, como se ha hecho en otros países frente a casos de corrupción corporativa, es una sanción judicial al responsable directo del delito y una multa al accionista por no haber sido lo suficientemente diligente. Pero matar a la empresa es un muy mal negocio para el país.
Fuente La República
