Las compañías de los dos únicos empresarios con mandato de ubicación y captura por el caso del Club de la Construcción, Elard Tejeda Moscoso y Félix Málaga Torres, obtuvieron la adjudicación de seis proyectos de obras públicas por 2 mil 242 millones 807 mil 92 soles. Sorprendentemente, Obras de Construcción S.A. (Obrainsa) y Constructora Málaga Hermanos consiguieron la buena pro de Provías Nacional con ofertas económicas que superaron hasta en 9 por ciento el valor referencial.
Las normas de contratación pública permiten que los comités de licitación concedan las obras públicas hasta en un 10 por ciento sobre el valor referencial, pero en situaciones excepcionales. En el caso de Obrainsa y Constructora Málaga, la Fiscalía Anticorrupción ha detectado que los funcionarios de Provías Nacional otorgaron los proyectos a estas empresas con asombrosa frecuencia con propuestas económicas que superaban el valor referencial.
De las seis licitaciones bajo escrutinio de la Fiscalía Anticorrupción, cinco fueron entregadas por los funcionarios de Provías Nacional con montos superiores entre 8 y 9 por ciento sobre el monto original o referencial (ver recuadro). La diferencia entre la cifra que fijó Provías Nacional y la que al final aprobó es de 160 millones 244 mil 127 soles.
Para las autoridades del Ministerio Público, que Provías Nacional otorgase la buena pro de hasta cinco obras públicas con un promedio de 9 por ciento sobre el monto referencial es un poderoso indicativo de la existencia de una concertación entre los funcionarios que nombraron y conformaron los comités de licitación y los miembros del Club de la Construcción, Obrainsa y Málaga Constructores.
La defensa de Elard Tejeda y Félix Málaga rechaza las imputaciones y ha apelado, ante el Colegiado A de la Sala Penal Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios, los mandatos de ubicación y captura de los empresarios.
Corte y confección
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, cuentan con información reservada según la cual los pagos a cambio de los adjudicados salieron de la diferencia entre el monto referencial y el monto adjudicado. Esto es, más de 160 millones de soles. Todavía se desconoce cuánto de esos 160 millones de soles se destinó a presuntos desembolsos ilegales a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Provías Nacional, que estaban confabulados con los integrantes del Club de la Construcción.
“¿Por qué se ha pedido la captura de Tejeda y Málaga? Porque en estos casos existen mayores evidencias. Además, el colaborador eficaz del caso ha proporcionado información más detallada sobre la participación de Obrainsa y Constructora Málaga”, indicaron las fuentes del Ministerio Público.
De las cuatro obras adjudicadas a Obrainsa, Odebrecht intervino en consorcio en dos, por lo tanto, lo dicho por Barata tiene relevancia por su condición de testigo directo de los hechos.
Una de estas obras es la construcción de la carretera Camaná-División Quilca-Matarani-Ilo-Tacna, subtramo 1: Matarani-El Arenal y subtramo 2: El Arenal-Punta de Bombón. Obrainsa estuvo consorciada con Odebrecht.
Provías Nacional fijó el monto referencial en 450.8 millones de soles, pero le otorgó la buena pro al consorcio por 486.4 millones de soles. Esto es, 8 por ciento más: 35.5 millones de soles.
“Hemos visto que quienes formaron parte de los comités de licitación que dieron la buena pro a los miembros del Club de la Construcción suelen repetirse. Estas personas sí han actuado correctamente, no tendrían que temer a las investigaciones. Y, por supuesto, tienen la opción de acogerse a la colaboración eficaz si lo consideran pertinente”, señalaron las fuentes.
En las seis licitaciones bajo indagación intervinieron, como miembros de los comités de licitación de Provías, Marco Cruzado Puente, Karin Bustamante Hidalgo, Rolando López Macedo, Aldo Aguilar Reátegui, Jorge Freitas Farfán y Ada Huamaní Li.
Galería de sospechas
También César Baldeón Davirán, Renzo Fernández Prada Ríos, Javier Paredes Sánchez, Selvi Ruberto Vargas, Manuel Sususki Rojas, Pablo Tang Montane, Omer Albornoz Falcón y David Coello Ricard.
Y con ellos, Roberto Salinas Álvarez y Francisco Castellano Solís.
Según lo informado por fuentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los responsables de cada gerencia de Provías Nacional que requieren de un proceso de licitación para adjudicar alguna obra pública –construcción, rehabilitación o mantenimiento de carreteras, o instalación de puentes– son los que designan a un grupo de funcionarios, que a su vez propone a los miembros de los comités de licitación.
Las instancias escrutadas por la Fiscalía Anticorrupción son la Unidad Gerencial de Obras, la Unidad Gerencial de Conservación y la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, en particular.
Seguidamente, los gerentes le dan el visto bueno a los funcionarios elegidos y remiten la terna de dos al Área de Procesos, quienes nombran al tercer integrante del comité de licitación. El jefe del Área de Proceso a continuación reporta la conformación del comité y lo eleva al director ejecutivo de Provías Nacional, quien, luego de aprobarlo, lo despacha al viceministro de Transportes, que lo aprueba.
“Los funcionarios implicados podrían estar en algunas de las áreas mencionadas, pero también entre quienes son los que definen los Términos de Referencia (TDR). No se descarta que haya existido connivencia entre los responsables de los TDR para elaborarlos estos a la medida de los requerimientos de los integrantes del Club de la Construcción. Esta es también una forma de direccionar las licitaciones mediante la manipulación de los TDR”, precisaron las fuentes del Ministerio Público.
Las fuentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informaron que, por cuenta de dicha entidad, se rastrea entre el personal eventuales indicios de vinculación con el caso del Club de la Construcción.
Se ha detectado, hasta el momento, por ejemplo, que fue descubierto un funcionario de Provías que participó en licitaciones de obras públicas, en un restaurante compartiendo la mesa con Félix Málaga Torres, el empresario ahora prófugo. En esa ocasión hubo una reprimenda, pero no pasó nada. Hoy la situación es muy diferente.
“Las autoridades solo tienen al ex asesor del ministerio Carlos García Alcázar. Si existieron las presuntas irregularidades denunciadas, no se podrían haber consumado con la única intervención de García, quien no tuvo una participación directa en las licitaciones. El Club de la Construcción tuvo que haber contado con otras personas”, señalaron las fuentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
“En todo caso, les hemos dicho a todos que si saben algo se acojan a la colaboración eficaz”, concluyeron las fuentes.
Obras
Apelación de socios del Club de la Construcción queda al voto
En un plazo de 48 horas, los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones del Sistema Anticorrupción resolverán la apelación contra la orden de prisión preventiva a cinco integrantes del Club de la Construcción.
En enero, el Poder Judicial había declarado fundado el pedido de cárcel preventiva contra Carlos García Alcázar, ex funcionario del MTC; Rodolfo Prialé, identificado como el «lobista»; Elard Tejada, representante de Obrainsa; Félix Málaga, de Málaga Hermanos; y Luis Prevoo, socio de Prialé.
La defensa de García Alcázar sostuvo ayer que no existen pruebas que lo involucren con los delitos de lavado de activos o tráfico de influencias.
En tanto, la Fiscalía quiso presentar como prueba una agenda hallada en la casa de Prialé en la que figuran, según el Ministerio Público, sumas de dinero al lado de la palabra Odebrecht y el nombre de Carlos García Alcázar.
Fuente La República
