El Ministerio Público detuvo a cuatro exfuncionarios y allanó las oficinas del Gobierno Regional de Piura, así como otros 10 inmuebles, por la investigación del pago de una carta fianza falsa valorizada en S/ 3,9 millones que hizo la entidad para una obra en Máncora.
En un operativo simultáneo en Piura y Lima, se logró detener a Edwarth Garcés Colupu, exfuncionario del Gobierno Regional de Piura e integrante del Comité de Selección que llevó a cabo el Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, que favoreció al Consorcio Constructor MNDC.
También figuran en la lista otros exfuncionarios Juan Távara Elías, Richard Gonzales Alcedo, Omar Morales Alvarado y Richard Gonzales Alcedo. Este último se entregó a la justicia. Asimismo, se intervino a Godofredo Cardoza Novoa, representante del Consorcio Constructor MNDC.
Por otro lado, los exfuncionarios Carlos Palacios Mesa y José Tafur Guivin se encuentran como no habidos.
El coronel PNP, Arturo Valverde Inga, indicó que los denominados Avezados de Piura permanecerán detenidos de manera preliminar por 72 horas, y se levantará el secreto de las comunicaciones de los investigados, tal y como lo ordenó el Poder Judicial de Piura.
Investigación
Las diligencias corresponden al pago de S/ 3,9 millones que hizo la entidad regional a través de una carta fianza falsa a las empresas MNDC Constructores y Logística SAC y Masedi Contratistas Generales SAC, para el mejoramiento de los servicios de salud de Máncora.
El fiscal a cargo de la investigación, Carlos Romani, sostiene que una presunta organización criminal habría accionado para que la propuesta técnica del consorcio sea aprobada a pesar de que no cumplía las exigencias establecidas por las bases en relación con las certificaciones de su personal. El contrato fue suscrito sin la documentación requerida y se aprobaron dos adelantos de dinero con una carta fianza y una póliza de caución carentes de autenticidad.
Por su parte, la Contraloría advirtió que los funcionarios habrían perfeccionado el contrato de la obra valorizada en S/ 39 millones, a pesar de que la empresa que ganó la buena pro habría presentado información carente de veracidad. Indicaron que la entidad firmó el contrato sin verificar la autenticidad de la garantía de fiel cumplimiento.
El fiscal superior, Omar Tello, manifestó que el Ministerio Público se encuentra dentro del plazo permitido para solicitar la prisión preventiva contra los presuntos implicados en el caso de colusión agravada.
Asimismo, no descartó que la investigación pueda ampliarse e incluir al gobernador regional, Servando García, y al gerente general, Jesús Torres. En caso de comprobarse la responsabilidad penal, los acusados podrían recibir una pena de hasta 15 años.
Fuente La República
