El último día del año 2018, el hoy ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada Contreras, autorizó el pago de más de 13 millones de soles para la empresa Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa), investigada por su participación en el Club de la Construcción y socia de la brasileña Odebrecht.
Entre los adornos de las fiestas decembrinas y con los pocos trabajadores que asistieron ese día a la oficina preocupados por los preparativos finales de la fiesta de fin de año, el diligente Lozada Contreras, entonces director ejecutivo de Provías Nacional (Ministerio de Transportes y Comunicaciones), firmó la Resolución Directoral 2646-2018-MTC/20, en la que reconoce a la empresa Obrainsa el pago de 16 millones 253 mil 534.54 soles por trabajos no incluidos en el contrato, en la ejecución de la obra “Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná-Dv. Quilca-Mataraní-Ilo-Tacna, Sub Tramo 1: Matarani-El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal-Punta de Bombón”.
De ese monto, según la resolución suscrita por el actual ministro, se aplicó un descuento del 20% (3’250,706.20 soles) para ser consignado al pago del adelanto directo, otorgado por el contrato de ejecución de obra; es decir, se autorizó el desembolso de 13 millones 2 mil 827.64 soles.
Obrainsa, cuyo destino se cruzó en varias oportunidades con el del presidente Vizcarra, solicitó a Provías Nacional el pago de los trabajos efectuados en la “colocación de subbase granular, base granular con los materiales extraídos de la cantera Maconsa y el Centro de Acopio del Km. 03+100, ambas autorizadas por la Supervisión para su uso”.
En términos más legos, Obrainsa alegaba que debió hacer un cambio de uso de la cantera Maconsa y del Centro de Acopio, así como de procedimientos, lo que constituía, según la empresa, prestaciones fuera del contrato que debían ser reconocidas por Provías.
FACTOR ODEBRECHT
En este punto se debe indicar que la referida obra estaba a cargo del Consorcio Vial El Arenal-Punta de Bombón, integrado por las empresas Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, y Obrainsa; sin embargo, la primera cedió sus derechos a la segunda ante el escándalo de corrupción surgido en el llamado caso Lava Jato peruano.
Según señalaron desde Provías, estos ‘trabajos’ se realizaron cuando Obrainsa aún estaba consorciada con Odebrecht y recalcan que tampoco estaba autorizada para usar el material de otra cantera. “Fue una decisión unilateral del consorcio”, nos dijeron.
INVESTIGACIÓN
Este pago se decidió pese a que, desde el 2017, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay, de la región Arequipa, investiga las presuntas irregularidades en la ejecución de la carretera Costanera, precisamente en Islay.
La investigación busca determinar si hubo delitos en la conformación del consorcio El Arenal-Punta de Bombón, que constituyeron Odebrecht y Obrainsa que ganaron la buena pro para la ejecución de la carretera entre Matarani y Tambo, que es parte de la Costanera. La obra significa la inversión de 480 millones de soles.
Según voces al interior de Provías, el actual ministro Lozada vulneró la Ley de Contrataciones y era evidente el interés de beneficiar a Obrainsa, al pagarle 14 millones de soles.
Explicaron que ya el anterior director ejecutivo de Provías, Ricardo Bernales Uzástegui, pretendió cumplir con ese pago por los trabajos y materiales no autorizados. Pero no pudo concretarse.
TRIBUNAL ARBITRAL
Lo que llama la atención es que Obrainsa ya había llevado su reclamo ante el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de Lima y se esperaba la resolución del organismo. Expertos consultados indicaron que ya había antecedentes de que el tribunal arbitral decidirá que sea el Poder Judicial que se pronuncie sobre entrega de montos por acciones no incluidas en el contrato.
Sin embargo, Provías y su entonces director, Carlos Lozada Contreras, creyeron perjudicial este trámite, y señalaron como una de las consideraciones para aceptar ese reclamo, según la resolución directoral, para “no incurrir en mayores gastos en perjuicio del Estado generado por el reconocimiento de intereses”.
Por ello causó sorpresa que el 24 de diciembre de 2018, Obrainsa, mediante carta, informe de su desistimiento de la demanda arbitral y, una semana después, el 31 de diciembre, se aprobara ese pago.
OBJECIONES
Sin embargo, no es el único cuestionamiento; el pago se realizó pese a diferentes informes con opinión contraria a esta devolución. Así, el informe legal 001-2017 del consultor externo Juan Manuel Hurtado Falvy indica que no sería posible reconocer al contratista las prestaciones ejecutadas por no haber sido autorizadas en su oportunidad por parte de la entidad, debido a que generaba variaciones en las condiciones iniciales pactadas.
También el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha señalado que estas se encuentran fuera del alcance original del contrato e involucran la erogación de recursos públicos y, por lo tanto, se requiere -como indispensable- que se cuente previamente con la autorización del titular de la entidad o del funcionario que tenga con facultades para ello.
Además indica que el emplear una cantera distinta, como alega Obrainsa, cuya aprobación no ha sido tramitada ni aprobada de acuerdo con los lineamientos establecidos para tal fin en los documentos contractuales, no constituye una prestación adicional.
INFORME LEGAL
El informe legal indica, en sus conclusiones, que “al haberse determinado que las prestaciones y/o actividades pendientes de pago están fuera del contrato, la única vía para que el contratista pueda ver satisfecha su acreencia –de acuerdo al contrato y las posiciones del organismo supervisor de las contrataciones- es el Proceso Judicial, respecto de este último bajo la figura del enriquecimiento sin causa”.
Sin embargo, abre la posibilidad que Provías también puede reconocer la obligación, “considerando los elevados costos que conllevaría una demanda arbitral”.
Antes, el informe advierte que las prestaciones ejecutadas no se pueden catalogar como “prestaciones adicionales”.
SOCIA DEL PRESIDENTE
Pero estos beneficios a Obrainsa en el MTC van más allá al pago de una pretensión sin necesidad de ningún proceso arbitral o judicial.
Ya en febrero del 2019 se informó que durante la gestión ministerial del hoy presidente Martín Vizcarra, en el 2016, Obrainsa logró la concesión, a través de consorcios, de obras de ingeniería civil del Estado por un valor de unos 560 millones de soles. Se hablaba entonces que se le había otorgado la construcción de 56 puentes.
De otra parte, Obrainsa, consorciada con la constructora de propiedad del presidente Martín Vizcarra, CyM Vizcarra SAC, participó en la construcción del proyecto Presa Pilones, ubicada en Arequipa, para la empresa de generación eléctrica EGASA, entre los años 2003 y 2009, por la suma de US$ 19.7 millones de dólares.
Cuando Vizcarra era gobernador regional de Moquegua (2011-2014), Obrainsa participó en el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, concretamente en la “Construcción de la línea de conducción N° 1, Jaguay-Lomas de Ilo y Sistema de Riego del proyecto ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo” por S/81 millones en el Consorcio Obrainsa-Astaldi. Esta obra fue un fiasco.
También la Contraloría detectó que Provías Nacional realizó pagos indebidos por S/2.5 millones al Consorcio Gestiones Viales del Norte, del que es parte la constructora Obrainsa.
“Funcionarios de Provías Nacional reconocieron pagos indebidos por S/2’536,227.40 en perjuicio de la entidad y pagos sin sustento técnico como ‘Emergencias’; situaciones que contribuyeron al agotamiento de los recursos del presupuesto contratado, originando la aprobación de la Prestación Adicional N° 1, sin sustento técnico ni legal; por otro lado, mediante el Presupuesto Deductivo N° 1 se eximió al contratista de obligaciones contractuales”, se lee en el documento “Contrato de Servicios N ° 069-2012- MTC/20…” del ente de control.
Ante todo ello es necesario una explicación por parte del ministro Carlos Lozada para conocer las razones de una decisión que beneficia a una empresa investigada por su participación en ese tinglado mafioso llamado Club de la Construcción y sus vasos comunicantes con Odebrecht.
S/ 142.5 MILLONES
“No habían transcurrido ni tres meses de la gestión de Vizcarra al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), cuando Obrainsa se adjudicó la buena pro del Concurso Público del “Servicio de gestión, mejoramiento y conservación del Corredor Vial: Desvío Pativilca-Pamplona-San José-Cajatambo” de 207 km por S/ 142.5 millones (31/10/16)”, reseña la web gatoencerrado del 24 de febrero de 2019.
LOZADA NO RESPONDE
Intentamos comunicarnos con el ministro Carlos Lozada. A través de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional le hicimos llegar un cuestionario y la solicitud de entrevista, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.
FIRMA RESOLUCIÓN
Entre los adornos de las fiestas de fin de año y con los pocos trabajadores preocupados por los preparativos de la fiesta del último día del año, Lozada Contreras firmó la Resolución Directoral 2646-2018-MTC/20, en el que reconoce a Obrainsa el pago de más de S/ 13 millones.
POR: ITALO OBERTO-BESSO
Fuente Diario Expreso
