La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) habría ordenado que ocho compactadoras operativas no sean consideradas en las labores de limpieza de la ciudad. Ello implicó que a 30 obreros –según la denuncia–, entre conductores y ayudantes, se les asigne el servicio de vigilancia ambiental, cuyo objetivo es cuidar la basura en puntos críticos pero sin los implementos de seguridad que protejan su salud e integridad física.
Para los regidores de oposición, Percy Espinoza Gonzales y Orlando Puell, este hecho sería una prueba de que no hubo necesidad de declarar por mayoría en el pleno del concejo del 24 de febrero pasado el desabastecimiento inminente en la gestión de los residuos sólidos.
“En la comuna se habría creado una situación ficticia respecto a la necesidad de contratar el servicio de compactadoras con la empresa Veolia por más de un millón 800 mil soles”, enfatizó Espinoza.
Caso
El 2 de mayo, con el memorando n.º 457 , la jefa de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos, Adriana Ghersi, dispuso que el trabajador Juan Vásquez León aún en su condición de nombrado en la comuna realice vigilancia ambiental, el que dijo es por necesidad de servicio.
Cabe indicar que los choferes aseguraron que tienen la condición de nombrados en el ayuntamiento, por lo que consideraron esta orden como un abuso. Ellos han pedido la intervención de la Fiscalía y de la Zona de Trabajo. Los servidores manifestaron que están expuestos al peligro por la ubicación de los puntos críticos en lugares donde la delincuencia campea.
Además dijeron que no cuentan con uniformes ni mascarillas a pesar de la contaminación que significa estar expuestos a desechos.
Es por eso que el 4 de mayo solicitaron una inspección policial en el local de Serenazgo, en donde se guarda la maquinaria municipal.
De acuerdo al acta policial se entrevistó a Julio Linares, quien precisó que ningún vehículo compactador operativo salía a realizar tareas de limpieza pública, pues solo abastecían de combustible y regresaban a la base de Serenazgo. De esta manera, los trabajadores no solo expresaron su malestar sino que dejaron a la luz que vehículos en buen estado no estarían trabajando.
La clave
Norma. En tanto la gerenta regional de Salud, María Collantes, exhortó al alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco a tomar acciones, en razón que el registro como empresa prestadora de residuos sólidos otorgado por Digesa a Veolia en virtud a la Ley 27314 no sería válido por haber sido derogado.
Fuente La República
