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A pedido de la Fiscalía, la Contraloría General de la República (CGR) intervino la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) para realizar una auditoría sobre las presuntas irregularidades que se han venido suscitando en la actual gestión del alcalde Roberto Torres Gonzales.
La acción de Control N° 02-0425-2014 denominada “Examen especial a las adquisiciones y contrataciones directas y de menor cuantía de la comuna de Chiclayo”, se realiza para ampliar la investigación sobre las millonarias compras fraccionadas efectuadas a favor de proveedores que serían testaferros.
COMPRAS. Así consta en el oficio N° 507 – 2014 que la gerente de la Oficina de Coordinación Regional Norte de la CGR, Dina Calonge De la Piedra, le remitió al fiscal Sergio Zapata Orozco, en respuesta a una solicitud en la que este le advierte sobre una “abundante documentación recabada durante la presente investigación”.
Como se recuerda, el citado fiscal realizó diligencias en la MPCh logrando incautar más de 100 órdenes de compra al proveedor Víctor Ángel Cubas Llaguento.
En dicha investigación también se encuentran comprendidos los proveedores Diana Carolina Otoya Whang y José Gómez Guzmán, quienes serían utilizados como testaferros debido a que ambos consignaron ante la Sunat de manera coincidente, que la dirección de sus negocios (ferretería) se ubicaba en la urbanización Latina.
Lo más raro es que al acudir a dicha zona no se encontró un negocio sino una vivienda multifamiliar en donde reside la familia de Luis Alberto Barrantes Piscoya, a quien varias veces se le ha visto como activista del movimiento regional ‘Manos Limpias’.
Fuente Diario Correo
