La Primera Sala Penal de Apelaciones en Delitos de Corrupción de Funcionarios confirmó el incremento de reparación civil de S/39 millones a S/214’840,684 por el perjuicio económico contra el Estado registrado tras la concesión del hospital Lorena de Cusco a la empresa OAS.

La adjudicación del proyecto sucedió durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) y, de acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, se concretó con la injerencia de la entonces primera dama Nadine Heredia.

El tribunal desestimó la apelación de la compañía Cesel SA, que había supervisado la ejecución de la obra, contra la variación de la cifra de indemnización que había formulado la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato, a cargo de Jorge Ramírez, y que fue aceptada por un juez de primera instancia.

Cesel alegaba que el procurador Ramírez no había fundamentado debidamente su requerimiento y argumentó que no podía ser parte del pago solidario de la reparación porque no buscó beneficiarse ilícitamente con el proyecto.

No obstante, la sala presidida por el juez Juan Guillermo Piscoya consideró que sí se había fundamentado el aumento del monto y, respecto a la responsabilidad de la empresa, indicó que se esclarecerá en el desarrollo de la investigación. Con esas consideraciones, rechazó el recurso de Cesel.

Según el Ministerio Público, la licitación del proyecto para el mantenimiento del nosocomio, a cargo del Gobierno Regional del Cusco, estuvo direccionado.

Como evidencias se consignan varias visitas del ex gobernador cusqueño Jorge Acurio a Palacio de Gobierno, que, de acuerdo a la indagación, habrían sido encuentros para coordinar con Heredia la concesión de la obra a OAS.

La construcción del nosocomio superó los S/200 millones, cifra que habría sido sobrevalorada.

SABÍA QUE

-La Fiscalía imputa a Nadine Heredia el delito de tráfico de influencias y el ser “instigadora del delito de colusión” por haber determinado un presunto acuerdo ilegal con OAS. 

-Heredia y su defensa han rechazado las imputaciones en reiteradas oportunidades.

Fuente Perú21

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