El fiscal del Equipo Especial para el caso Lava Jato José Domingo Pérez presentó el último viernes una nueva acusación contra los exfuncionarios y otros implicados en el caso Metro de Lima, en el marco de las investigación por el caso Odebrecht, obligado por una decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial.
En esa nueva acusación, comprendida en en delito de corrupción, el fiscal Pérez pide entre 11 y 12 años de prisión para los sindicados como receptores de dinero de Odebrecht, quienes, a cambio, habrían intercedido favor de la constructora.
Sin embargo, Pérez ya había acusado a los investigados antes, en junio pasado, por el delito de lavado de activos, por el cual pedía para los diez implicados condenas de 25 años y 10 meses de prisión.
Es decir, que existen dos acusaciones presentadas por el fiscal José Domingo Pérez en el caso Metro de Lima: una por lavado de activos y otra por corrupción. La cuestión, en ese sentido, radica en entender por qué.
Control de acusación
Dado que el tiempo de la prisión preventiva que afrontan los investigados por el caso Metro de Lima —exfuncionarios de la segunda administración aprista, con Alan García a la cabeza— se acaba, el fiscal José Domingo Pérez presentó el 24 de junio pasado una acusación contra los implicados por el delito de lavado de activos.
En su acusación, Pérez demandaba al Poder Judicial dictar sendas condenas de 25 años y 11 meses a los diez investigados.
El paso siguiente en el proceso por este caso era que la acusación pasara por el respectivo control, el cual corre por cuenta del juez de investigación preparatoria: en este caso específico, el juez Richard Concepción Carhuancho.
Sin embargo, un recurso de la defensa de uno de los investigados, Edwin Luyo Barrientos, detuvo el proceso regular.
Sala de apelaciones
En efecto, la defensa de Luyo Barrientos interpuso ante la Primera Sala Penal de Apelaciones un recurso para que el delito de lavado de activos se procese junto a los delitos de corrupción de funcionarios.
Ante ello, el 5 de agosto, esta sala, presidida por el juez Rómulo Carcausto, le dio la razón al expresidente del comité de licitación de la línea 1 del Metro de Lima, disponiendo que ambos delitos se procesen juntos.
Una vez emitida la resolución, los demás investigados por el caso Metro de Lima pidieron que esta los alcance también a ellos, lo cual fue también aceptado por la Primera Sala Penal de Apelaciones.
De este modo, el resultado ha sido que el control de legalidad de la primera acusación que hizo el fiscal José Domingo Pérez por lavado de activos, se encuentra suspendido hasta la fecha, ya que la decisión de la segunda instancia revocó la orden del juez Concepción Carhuancho de desvincular los delitos.
Vale indicar que, según El Comercio, la Primera Sala Penal de Apelaciones sustentó su decisión con el argumento de que la realización de los delitos que el fiscal Pérez atribuye a los investigados se habrían dado de manera sucesiva, por lo que correspondía ver todos los delitos en su conjunto.
Esta decisión, no obstante, según apunta el citado diario, contraviene los señalado por la Corte Suprema en la sentencia casatoria 1-2017/CIJ-433, que sostiene que el delito de lavado de activos es autónomo y no es necesario que se lo procese junto al delito que generó los activos ilícitos.
Lo que procede
Ahora, el fiscal José Domingo Pérez sustentará en la nueva acusación la comisión de los delitos que le imputa a los investigados por el caso Metro de Lima: lavado de activos, colusión y cohecho (estos últimos, corrupción de funcionarios).
Sin embargo, vale indicar que la desacolumación de los delitos solo deja a la primera acusación en espera, mas no la descarta ni se anula. Por ello, ante el nuevo escenario, el control de legalidad de esta
Ahora bien, al anularse la desacumulación de los delitos, la acusación por lavado de activos queda en espera, pero no descartada; es decir, no se anula. Sin embargo, este nuevo escenario, el control de acusación por el delito de lavado de activos debe ser archivado.
Fuente La República
