Hay una empresa constructora en Murcia, España, llamada Getnisa Ingeniería Civil SLP, donde han sido apoderados solidarios de la misma Soledad Piqueras Villarán y Manuel Piqueras Luna, hija y expareja, respectivamente, de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente.
Esta sociedad limitada profesional (SLP), Getnisa, está inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, tiene el código de identificación fiscal (CIF) B73252777, su dirección del Registro Mercantil está en la avenida Teniente Montesinos, 8, Torre Z Murcia, teléfono 968 23 79 58.
Su actividad principal está en servicios técnicos de arquitectura (CNAE 7111 – S) y servicios de ingeniería (SIC 8711), según documentos oficiales.
Los dos apoderados solidarios antes citados fueron nombrados el 1 de marzo de 2013 con el numeral 47/2013 116561, en el Tomo 2778, Libro 1, Folio 194, Sección 8, Hoja MU 42734 e Inscripción 4 (1.03.13)
Estos datos registrales están en los archivos del Boletín Oficial del Registro Mercantil Nº 47, sección primera, referido a actos inscritos por empresarios en Murcia, de fecha 8 de marzo de 2013, en la página 12234, archivos estos normados en España por el DL M-5188/1990.
Los últimos movimientos de Getnisa muestran el nombramiento del empresario español Antonio José Gómez Prieto como administrador único desde el 3 de julio de 2017, junto a Juan Gómez Sánchez.
Y el 9 de agosto de 2018 Soledad Piqueras Villarán cesó en el cargo de apoderada solidaria, al igual que su padre, cuyo nombre completo es Manuel Eduardo Jorge Piqueras Luna, quien fuera diputado por la alianza Izquierda Unida en el primer gobierno de Alan García (1985-1990).
Dichas revocaciones de las funciones de apoderados solidarios de los dos familiares de Susana Villarán están inscritas en el mismo Boletín Oficial, pero en el número 153, del jueves 9 de agosto de 2018, en la página 35745 del registro de incidentes o cambios empresariales en la jurisdicción de Murcia.
Están en el Tomo 2778, Folio 195, Sección 8. Hoja MU 42734, Inscripción 6 (2.08.18). Es de subrayar que la situación mercantil actual de Getnisa está activa y contaría en la actualidad entre 10 y 49 empleados, aunque según la red Linkedin y otras fuentes no pasa de seis empleados.
Tiene además, señalan, una facturación anual de cerca de 2 millones de euros al año. Los buscadores especializados afirman incluso que en cuanto a los propietarios actuales “no hay información relativa a los accionistas de esta empresa” y la mayoría de sus cuentas están “pendientes de tratamiento” desde 2003, según auditorías de cuentas y bancos.
Es más, no está claro el perfil financiero entre los años 2013 y 2014, o en su defecto no existiría, lo que no sucede en años anteriores y a partir de 2015, ejercicios en que se observa una rentabilidad económica de 4.06 % en 2015, 4.52 % en 2016 y 13.73 % en 2017 y la rentabilidad financiera es mucho más alta.
La liquidez general de estos años es de 5.71 millones de euros en 2015, 4.58 millones en 2016 y 1.74 en 2017.
POR QUÉ LOS NOMBRARON
Si bien es cierto que no se ha ubicado ninguna documentación de que los familiares de la ex alcaldesa de Lima sean socios o que hayan comprado acciones en Getnisa Ingeniería Civil SLP, empresa que funciona desde el 2003, la pregunta que surge es por qué los nombraron apoderados de una empresa en Murcia que es una pequeña ciudad cerca al mediterráneo español.
En cualquier país, dicen los expertos en derecho mercantil y registral, un apoderado, dependiendo del tipo de poder que le concedan, representa a la sociedad y puede realizar contratos, abrir sucursales, abrir cuentas, hablar en nombre de la empresa, etc., etc.
En todo caso cuál ha sido el alcance de esos poderes, cuáles fueron sus emolumentos en un país donde hay mucho movimiento de dinero negro, más conocido como “dinero B” o “caja B”, que manejan algunas empresas de la construcción, como se ha visto en más de un caso.
En este sentido, los expertos, solicitando el anonimato, afirman que el tema está en no cruzar la delgada línea roja que separa la legítima y legal promoción comercial de una firma y el tráfico de influencias.
Y es que la sospecha brota porque Soledad Piqueras, ya finada (murió en agosto de 2016), y Manuel Piqueras ingresaron a Getnisa precisamente a los pocos días de firmados los contratos tanto con OAS como con Odebrecht sobre el control de las redes viales más importantes del transporte de Lima Metropolitana.
Finalmente, Susana Villarán deberá asistir hoy a la Comisión de Defensa del Consumidor en el Congreso, para responder por el incremento de peajes. La sesión será a partir de las nueve de la mañana, en la sala Fabiola Salazar Leguía del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.
Páginas abiertas…
Este diario ha tratado de ubicar a Susana Villarán y a Manuel Piqueras, sin poder ubicarlos. En todo caso las páginas de EXPRESO están abiertas para sus descargos.
Mutis
El expresidente de la empresa OAS, Leo Pinheiro, declaró ante los fiscales Germán Juárez Atoche y Carlos Puma el día viernes; sin embargo, a diferencia de las declaraciones de Jorge Barata, ninguna de sus declaraciones han salido a la luz.
CONTRATOS DE LOS PEAJES SE FIRMARON EN 2013
Los US$ 3 millones de Odebrecht y un millón de OAS
Es de recordar que el contrato por la ejecución de la obra “Rutas de Lima” se firmó el 9 de enero de 2013 entre la Municipalidad de Lima Metropolitana y la constructora brasileña Odebrecht.
Semanas después, ahora se sabe por las declaraciones del exrepresentante de dicha constructora en el Perú, Jorge Barata, que el exgerente del municipio, José Miguel Castro, le solicitó al mismo Barata el aporte de US$ 3 millones para la campaña de la No Revocatoria de la entonces alcaldesa Susana Villarán y se los entregaron.
Y el 13 de febrero de 2013, mientras la gestión de Villarán se encontraba abocada en el proceso de revocatoria, la cita ex alcaldesa firmó la Adenda N° 1 al contrato de concesión suscrito entre la Municipalidad de Lima y la empresa Lamsac, para viabilizar el proyecto Línea Amarilla, entregando los peajes de esta ruta por 40 años. Y al parecer con un soborno de un millón de dólares.
CÉSAR VÁSQUEZ, VOCERO DE APP
El caso Villarán es el más grave
Después que Jorge Barata confirmara haber financiado la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán, cuando era alcaldesa de Lima, por 3 millones de dólares, el vocero de Alianza Por el Progreso (APP), César Vásquez, aseveró que este caso es el más grave.
“El caso de Villarán es más grave porque ella estaba en el poder y necesitaba ser revocada. Entonces, se comprobaría por qué se han dado obras a empresas cuestionadas durante su gestión. Se puede tomar como un delito y la Fiscalía debe actuar con fuerza como lo han hecho con otras personalidades”, indicó para esta casa editora.
Vásquez cuestionó al fiscal Rafael Vela, miembro del Equipo Especial Lava Jato, por afirmar que hay más pruebas contra Villarán que contra otros investigados, pero aun así no tiene ninguna orden de detención.
“Por otro lado, si la congresista Marisa Glave, quien en su tiempo fue regidora de la municipalidad, tiene responsabilidad política o vinculación con ello, debe responder. Aunque hay que precisar que una regidora no tiene posibilidad ejecutora en el municipio”, enfatizó.
Por último, agregó que las declaraciones de Barata demuestran que los partidos políticos han utilizado dinero de las empresas para sus campañas y se han convertido en organizaciones corporativas, y por eso el Ministerio Público se debería pronunciar.
En ese sentido, el legislador Alberto Quintanilla, vocero alterno de la bancada de Nuevo Perú (NP), manifestó que las declaraciones y las pruebas que demostraría Jorge Barata, como los cuatro mil folios, acercarían a la población a la verdad.
“Con las confirmaciones de Barata se está ratificando la tesis de los fiscales y no van a tener miedo en demostrar argumentos. Toda esta crisis gubernamental es por la modalidad de contratación de los proyectos donde la valorización final, la cual se consulta con un supervisor y autoridades especializadas, termina incrementándose por medio de coimas”, comentó. (J.C.A.)
Fuente Diario Expreso
