Tras terminar la primera gira por el norte, Pablo de la Flor explicó que hay interés de grupos empresariales por apoyar el proceso de reconstrucción, aunque evitó dar nombres. En cuanto a las empresas vinculadas a actos de corrupción, como Odebrecht, afirmó que el gobierno preferiría no trabajar con empresas sobre las que pesan sospechas.
¿Cómo va el plan de reconstrucción?
El primer paso era ir acopiando la información para formar el catastro de daños. Estamos en un 80% de avance. Una vez que tengamos esto, vamos a proceder a revisar las iniciativas que van a ser parte del plan. Esta es una gran oportunidad de hacer las cosas de otra manera. El principal reto de la reconstrucción es el cambio de mentalidad, porque hemos vivido de espaldas a los procesos de planificación. Estamos viendo las consecuencias de este crecimiento amorfo y desordenado en los daños que ocasionó el fenómeno de El Niño costero. Tenemos que incorporar de manera transversal una visión de gestión de riesgos que no se hizo nuestra hasta ahora.
¿Varias de estas obras serán bajo Obras por Impuestos?
Será uno de los elementos que vamos a incorporar. Va a depender de la capacidad que tengamos de convocar a las empresas para que se sumen a este esfuerzo. Hay expresiones de interés de varios grupos importantes que tienen su zona de influencia en el norte y que están dispuestos a participar a través del uso del mecanismo de Obras por Impuestos. Todavía estamos en una fase preliminar.
¿Qué grupos?
Prefiero no dar nombres, pero hay un grupo que ha expresado su interés de hacer las obras de prevención en San Ildefonso (Trujillo), que es una obra muy grande y necesaria.
Luego de las reuniones en el norte, ¿cuáles son las prioridades?
Hemos recogido opiniones, sugerencias. Los alcaldes han tomado un rol de liderazgo en la identificación de los proyectos e iniciativas. En lo inmediato tenemos que abocarnos a la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, porque estamos a cinco meses de la temporada de lluvias. Sí tuviéramos una situación distinta a la temporada normal de lluvias podríamos enfrentar serios problemas.
¿Cómo será el trabajo para reubicar a los damnificados?
Tenemos ya identificadas las zonas de riesgo: alto y muy alto no mitigable. Esta norma (de reconstrucción) nos da instrumentos que permitirán proceder con esto.
Pero hay personas que no querrán movilizarse.
La reubicación es un proceso –por definición– muy complicado. Lo que estamos planteando es hacerlo en casos donde sea estrictamente necesario. Lo que sí queda claro es que no podemos reconstruir infraestructura en lugares de alto riesgo.
Tiene perfil técnico, pero ha sido cuestionado por una falta de cercanía…
Tengo experiencia de contacto con los alcaldes muy intensa. Eso es lo que he venido haciendo los últimos diez años. El proceso de reconstrucción es sobretodo un proceso político. No es estrictamente técnico, ni ingenieril. La infraestructura la harán evidentemente los técnicos e ingenieros. Pero aquí hay una arquitectura institucional que tiene un claro marcador político.
¿Político?
Aquí hay una relación que es muy compleja con las autoridades (locales y regionales), porque finalmente son los representantes de los damnificados. Nosotros tenemos que ser respetuosos de esa estructura, y uno de los grandes desafíos es cómo logramos movilizar a los alcaldes, a los gobernadores para trabajar juntos con el propósito de echar a andar estos proyectos. Ese es un desafío netamente político.
¿No existe temor de que se politice la reconstrucción?
Es uno de los riesgos y son esas aguas procelosas que tendremos que navegar en su debido momento. Hoy hay un enorme alineamiento con las autoridades. El proceso de reconstrucción tiene que hacerse sobre la base de cómo apalancamos está coincidencia de voluntades para avanzar.
¿Cómo evitar casos como el de Odebrecht en este proceso?
Estoy rompiéndome la cabeza para ver cómo podemos colocarle más seguros y candados. Básicamente, hemos concebido tres mecanismos. El primero es la web de seguimiento, lo que queremos es transparentar todo. La única manera de combatir la corrupción es a través de la transparencia, que es la primera barrera. Lo que necesitamos como proceso de reconstrucción es prender todos los reflectores para visibilizar los proyectos.
¿Las obras tendrán la cláusula anticorrupción?
Todos los contratos van a tener cláusulas anticorrupción.
¿Habrá una veeduría?
Hemos propuesto un observatorio ciudadano que no puede ser liderado por la Autoridad. Este tiene que ser un esquema paralelo de acompañamiento independiente. Hemos estado en conversaciones con Transparencia, con el CIES, que es un conglomerado de universidades. Hay muchas universidades regionales y centros de investigación que han manifestado su interés. Es una iniciativa que viene calando.
¿Cuál será el papel de la Contraloría?
Ellos nos ha acompañado en todas las reuniones. Esta semana me reuní con el contralor Edgar Alarcón para ver los lineamientos del trabajo y estamos en la misma página con respecto a este interés de blindar este proceso de la corrupción. La Contraloría va a actuar mediante una supervisión concurrente, durante el proceso y de manera posterior. Adicionalmente, estamos explorando otros mecanismos para levantar más barreras contra la corrupción.
Se cuestiona que Graña y Montero podrá participar, pese a las denuncias e investigaciones.
Nosotros no vamos a contratar con ninguna empresa que este evidentemente impedida de participar en la reconstrucción. Preferiría no trabajar con empresas sobre las que pesan sospechas de corrupción, pero tengo que atenerme a lo que dice la ley.
¿Mientras no haya una sentencia podrán participar?
Salvo que el Congreso determine un mecanismo adicional que pida que aquellos que están bajo investigación no puedan participar. Preferiría que empresas que están asociadas a un proceso de corrupción, no participen. Me tengo que atener a lo que establece la ley y al debido proceso.
¿Cómo evitar que ocurra lo de FORSUR en Pisco?
FORSUR tenía un directorio masivo, que más era una asamblea inoperativa. Acá están las autoridades involucradas en los sectores, es un mecanismo mucho más ágil y expeditivo. Tenemos una serie de flexibilidad que la norma establece para la contratación y permisología. Esto nos va a permitir avanzar aceleradamente, lo que no ocurrió en Pisco.
Fuente La República
