El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, consideró que la la norma que condena con la “muerte civil” a funcionarios públicos que incurran en el delito de corrupción, también debe alcanzar a cualquier ciudadano que participa en hechos de esta naturaleza.
“No solamente debe estar dirigido a los funcionarios, sino a cualquier persona, de tal manera que luego de la sentencia condenatoria por un delito de esta naturaleza, si dicho ciudadano pretende ir a la gestión pública, no pueda hacerlo”, señaló en declaraciones a la agencia Andina.
Como se recuerda, el Ejecutivo emitió un decreto legislativo para castigar con la “muerte civil” a cualquier trabajador que se desempeña en el aparato estatal e incide en delitos relacionados a la administración pública.
En esta línea, Sánchez Velarde argumentó que si una persona participa en un acto de corrupción con un funcionario, y luego de ser sancionado postula a un cargo en una entidad del Estado, “¿qué calidad moral puede tener para estar en la gestión estatal?”.
“El ciudadano que comete un delito y es condenado se puede rehabilitar y ya no aparece su condena. Entonces ese registro no es permanente, pero en el servicio público debe continuar apareciendo a fin de saber de estas personas”, refirió.
“La idea es buscar el cambio de actitud de las personas, por ejemplo, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, elaboró un spot donde se explica cómo somos los peruanos y nos da una idea de modificar nuestra conducta”, finalizó.
Fuente Diario La República
