Ha vuelto a discutirse la corrupción en infraestructura. La ausencia o la provisión deficiente que no salen en los titulares le cuesta mucho más a la sociedad.
El que se comprometa el futuro de tantos niños sin agua y desagüe debe ser el mejor ejemplo. La constante rehabilitación dada la deficiencia en el mantenimiento, tan frecuente con la inversión pública, también. Mientras que obra y mantenimiento son parte de un contrato público privado, ambas se pactan en dos contratos disociados en la obra pública. Bastaría con asociarlos para quitarle espacio a los que licitan obras para que se deterioren para luego rehabilitarlas, doble coima.
Cuando fui regidor de Lima me quedó claro que el Tren 2 se decidió en Palacio. Es obvio que hay más tráfico, congestión y tiempo perdido en Javier Prado. El mayor costo social es ese. El que se comenta está explicado por la ínfima inversión en estudios. Necesitamos asesores integrales elegidos por concurso público internacional. Es imposible que la Contraloría sepa diseñar bien, cosa que tampoco saben el MEF, los ministerios o Proinversión. Los incentivos inadecuados, la inexperiencia y la falta de capacidad son los problemas. Hay una menor competencia que la que quisiéramos y, por ello, un peor servicio a un mayor costo son la consecuencia directa.
En vez de pretender que la Contraloría sepa diseñar concesiones, qué tal si encargamos un plan de infraestructura para priorizar toda la que necesitamos, y asesores integrales para que diseñen programas competitivos que cierren todas las brechas sectoriales.
En cuanto a la corrupción, el diezmo es una tradición más frecuente de lo que muchos creemos en la obra pública. En la público-privada se cierra y el dinero va a una offshore cuando hay corrupción. Jamás lo detectará la Contraloría. La clave es diseñar bien para sacar del juego a los corruptores. Así de simple y complejo.
Fuente Perú 21
