El secreto mejor guardado del Gobierno y de la Fiscalía sobre el caso Odebrecht estalló ayer como un rayo en cielo despejado y sin nubes. Nos referimos al acuerdo de colaboración eficaz entre dicha constructora, la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría del Ministerio de Justicia.

Y lo primero que llama la atención es la confirmación de que la constructora brasileña Odebrecht, principal responsable del escándalo Lava Jato, recibe el premio de ser exceptuada de los delitos de cohecho activo transnacional y otros.

Este “beneficio premial de exención de medidas” también pondrá a la citada empresa, por mandato judicial, fuera de los alcances de la Ley 30737 que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción y delitos conexos.

Menos se les aplicará los impedimentos de contratar con el sector público, tal como lo ordena para estos casos la Ley de Contrataciones del Estado Nº 30225.

Con relación a las personas naturales, el acuerdo concluye que el juez, una vez salga la sentencia confirmatoria del acogimiento de la colaboración eficaz, ordenará de inmediato la exención de las penas en todas las investigaciones y procesos que se les siguen en sede nacional.

Es decir, el país tiene que observar, absorto, que estamos ante un caso de impunidad total. Más si tenemos en cuenta que en Brasil hasta Marcelo Odebrecht estuvo en cárcel dos años y cinco meses y pasará siete años más con una especie de detención domiciliaria.

Pero en el Perú ni los más grandes responsables de los casos de corrupción serán sancionados, ni siquiera con penas mínimas.

En contrapartida, dice el numeral 9.1 de la Cláusula IX del acuerdo, Odebrecht estará a “disposición del Ministerio Público para los actos de  investigación y de prueba que sean necesarios desarrollar” en las actuales investigaciones del caso Lava Jato en el Perú.

Añade este numeral que Odebrecht entregará a la Fiscalía “todas las pruebas de los delitos de corrupción y lavado de activos (…) que compromete a los funcionarios y servidores públicos (…) peruanos, así como de las personas naturales y jurídicas nacionales y/o extranjeras con las que se consorció para ejecutar actos de corrupción”.

Esta declaración obviamente que es lírica para quienes han seguido de cerca el caso Odebrecht. Y es que sabido es que de los 76 proyectos que ejecutó esta empresa en el Perú, según este acuerdo, solo responderá por cuatro proyectos.

Nos referimos a:

-La construcción de la vía de la Costa Verde Tramo Callao.

-Los hechos referidos al proyecto ‘Mejoramiento de la  transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco’.

-‘Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, Tramos 2 y 3’.

-‘Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima – Callao, Tramos 1 y 2’.

Para dorar la píldora, se afirma que Jorge Simoes Barata, ex superintendente de la constructora de Marcelo Odebrecht en el Perú, junto con otros funcionarios del vecino país, están obligados a presentarse “ante la autoridad pública peruana para que presten su testimonio en las investigaciones y procesos”.

Sobre pruebas documentales y materiales se subraya que también Odebrecht  las debe entregar, siempre y cuando se encuentre bajo su dominio, aunque lo más interesante está en la entrega, obligatoria, no de todo el sistema Drousys y MyWebDay, sino apenas de “elementos extraídos de los soportes electromagnéticos” de dicho software, dice textualmente el acuerdo en la página 13.

Como es público, ese sistema era manejado por el difunto departamento de operaciones estructuradas (de sobornos) de Odebrecht y ahora está bajo custodia del Ministerio Público Federal del Brasil.

Odebrecht también debe conservar y custodiar “toda la documentación administrativa, contable, laboral, tributaria, legal, financiera, bancaria, contractual”, etc., por un plazo de veinte años después de la suscripción del acuerdo colaborativo.

Esto, para que una vez homologado el mismo en la vía judicial, Odebrecht esté obligada entregar al Ministerio Público “el inventario de la documentación antes referida”.

Y en un plazo de quince días a la empresa puede entregar “nuevos hechos con contenido penal” que ella misma descubra y que sean anteriores a la firma del presente acuerdo, “con sus respectivos datos de corroboración”.

Esto último parece de una candidez que raya en el insulto al sentido común. ¿Que Odebrecht va a entregar nuevas pruebas contra ella misma?

Otra cosa es que se deje a salvo la facultad de la Fiscalía de iniciar acciones penales cuando los nuevos hechos no provengan de actos de colaboración de la empresa, aunque previamente debe comunicar el caso a Odebrecht.

Asimismo se agrega que el compromiso de colaboración alcanza a “16 investigaciones más que las partes acuerdan develar en el Acuerdo de Colaboración y Beneficios”.

Pero desde la perspectiva de Odebrecht la condición para allanarse al acuerdo es que se le exima de los alcances de la Ley 30737 “por su situación económica y financiera”, además de la valoración probatoria respecto a la información y las pruebas aportadas en el presente proceso de colaboración”, se señala en la página 5 del acuerdo.

7 de diciembre de 2018

El Acuerdo Preparatorio de Colaboración Eficaz y Beneficios fue firmado el 7 de diciembre de 2018 en las oficinas del equipo especial de fiscales del caso Lava Jato ubicado en el Jr. Santa Rosa 260, Cercado de Lima. El acuerdo se formalizará el 11 de enero de 2019, dice la declaración final.

“HACE POCO EL ENTONCES MINISTRO DE JUSTICIA, SALVADOR HERESI, CALCULÓ EL PAGO DE LA REPARACIÓN EN US$ 1,500 MLLNS”

Reparación civil irrisoria de 610 millones de soles

Para definir el monto de la reparación civil la constructora brasileña planteó un monto de 297 millones de soles, cálculo hecho, dijeron, “de la aplicación de la fórmula del reglamento aprobado por el DS Nº 096-2018-EF”, que es el reglamento de la Ley 30737.

La procuraduría, vale decir el Ejecutivo, propuso un monto de 610 millones de soles, usando las fórmulas del mismo reglamento antes citado.

Las reuniones se hicieron constantes desde agosto del año pasado hasta que Odebrecht se allanó a la modesta cifra de la Procuraduría, que depende del Ministerio de Justicia, a cargo de Vicente Zeballos, brazo derecho del presidente Martín Vizcarra.

Las partes aceptan, es decir el fiscal José Domingo Pérez, el procurador  Jorge Ramírez y los representantes de Odebrecht,  Ricardo Luis Machado Weyll y la letrada Lourdes Luisa Carreño Carcelén, que los 610 millones es un “monto que tuvo como base la aplicación de las fórmulas del reglamento”. Al tipo de cambio de hoy estamos hablando de la irrisoria suma de US$ 183 millones de moneda verde.

Pero resulta que con las mismas fórmulas de la ley, el anterior titular de Justicia, Salvador Heresi, había declarado en público que la reparación que Odebrecht debería pagar al Perú era de 1,500 millones de dólares. ¿Qué pasó en el camino?

Como podemos ver el cronograma de pago en estas páginas, desde el 2019, la empresa de Marcelo Odebrecht pagaría la suma antes citada hasta el 2033, y en el ínterin, en diez años (entre 2020 y 2029), pagaría la cómoda cuota de 22 millones de soles al año, lo que hace apenas 6 millones de dólares y fracción al tipo de cambio actual que está en 3.33 soles el dólar.

Esto sobre la base de que el 20 de agosto del 2018 se incautaron 30 millones de soles de las cuentas de Odebrecht, y se dice que con base en este hecho se empezó a negociar.

La primera cuota de 80 millones de soles se pagará el próximo año “con el dinero producto de la venta de la empresa de Generación Huallaga SA”, más conocida como la hidroeléctrica de Chaglla.

Esto es de antología porque, como es sabido, en agosto de 2017, Odebrecht Latinvest  aceptó la oferta de la gigante China Three Gorges por una cifra de alrededor de US$ 1,400 millones.

¿Qué son 80 millones de soles frente a 1,400 millones de dólares?

No hay caso que una vez más el Perú pierde. Y los responsable políticos –sobre todo Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski deben estar felices–.

De nada sirve que nos digan que otros fondos provenientes de estas ventas, servirán para el pago de acreedores, proveedores, trabajadores y la deuda a la Sunat de la firma carioca.

LA SACARON BARATA CON EL FISCAL PÉREZ Y EL PROCURADOR RAMÍREZ

La constructora dijo que quebraría si no la apoyaban

Con relación a la situación económica y financiera el grupo Odebrecht está dividido en dos grupos de negocios, afirman. Primero, el de la construcción, a través de sus subsidiarias Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú (CNO) y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC (OPIC).

En segundo lugar, el rubro de las concesiones donde figuran Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 SA,  Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 SA,  H2Olmos SA, Concesionaria Trasvase Olmos SA, Empresa de Generación Eléctrica Huallaga SA, entre otras.

En la versión de Odebrecht que recoge el acuerdo, los activos totales de la constructora, entre concesiones y otros negocios, asciende a un aproximado de US$ 900 millones mientras que sus pasivos suman US$ 1,500 millones, a los que habría que sumar un aproximado de US$ 200 millones por concepto de reparación civil.

“Por lo tanto, el déficit financiero del grupo Odebrecht en el Perú asciende aproximadamente a US$ 600 millones, a los que se sumarían aproximadamente a US$ 200 millones de reparación civil”, reiteran.

Estas cifras han sido aceptadas por el fiscal Pérez y el procurador Ramírez, y así está escrito en el capítulo IV del acuerdo, donde se añade que “el Grupo Odebrecht requiere continuar operando para poder cerrar la brecha financiera y pagar la totalidad de sus acreencias en el tiempo”.

“Si la empresa, en estos momentos, entrara en liquidación, quedarían acreencias y deudas impagas por un valor de aproximadamente a US$ 800 millones”, advierten.

No solo eso, sino que la compañía, con base en sus estados financieros auditados a fines de 2017, “declaró que de no llegar a un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público, por su situación económica, los acreedores la declararían insolvente e iniciarían un proceso concursal ante Indecopi”.

En ese escenario  pintado por Odebrebcht, afirman que “la dirección de las empresas del grupo económico en el Perú estaría a cargo de sus acreedores, perdiendo la posibilidad de mantener su operatividad en el país”.

Con esos argumentos es que la Fiscalía ha eximido a Odebrecht de los alcances de la Ley 30737 y se ha acogido a la disposición complementaria número 13 de la citada norma referida a incentivos a los acogimientos a la colaboración eficaz.

En consecuencia, sale de los marcos relativamente severos de la Ley 30737 que los ubicaba en la categoría 1, por lo que deberían pagar un fideicomiso del 3 % de cualquier operación comercial y fijar normas reales sobre reparaciones civiles

Fuente Diario Expreso

Una Respuesta

  1. ROLANDO OSORIO

    Pienso en muy complicado el escenario de la negociación- colaboración sobre este caso emblemático si de por medio existen altos funcionarios implicados en esta corrupción.

Translate »