Lima, nov. 07 (ANDINA). Parlamentarios de diversas bancadas pidieron hoy una denuncia penal contra la autoridad regional de Cajamarca, Gregorio Santos, luego que la Contraloría General de la República encontrara irregularidades en su gestión por más de 130 millones de soles.
El legislador Gustavo Rondón (SN), ex presidente de la Comisión de Fiscalización, recordó que su grupo de trabajo investigó imparcialmente y concluyó seis delitos: colusión desleal, negociación incompatible, omisión de funciones, asociación ilícita, malversación de funciones, patrocinio ilegal.
«El Ministerio Público debe profundizar y tipificar lo que es materia de investigación y emprender la investigación final y será el Poder Judicial el que se pronuncie definitivamente por las sanciones», subrayó Rondón.
Por su parte, el congresista Teófilo Gamarra (NGP), señaló que Gregorio Santos «en algún momento tiene que pagar los daños que le está causando a Cajamarca y especialmente responder ante el Ministerio Público y el Poder Judicial por estas irregularidades encontradas por la Contraloría que suman más de 150 millones de soles»
Asimismo, calificó como «una opinión totalmente descabellada» a quienes sostienen que el informe de la Contraloría es una persecución política contra el presidente de la norandina región.
«La Contraloría ha demostrado que hay serias irregularidades en las compras que realiza esta entidad regional que lamentablemente ha llevado al pueblo cajamarquino a una recesión y una crisis, creo que el señor Santos tiene que ser procesado penalmente», afirmó en Canal N.
También, el legislador aprista Javier Velásquez Quesquén indicó que Santos «debe ser denunciado penalmente», porque con recursos del gobierno regional ha financiado la movilización contra el proyecto minero Conga, que produjo la muerte de cuatro personas.
«Es grave, porque se ha financiado hechos de violencia que no solo ha afectado inversiones sino la vida de personas», subrayó
Sin embargo, el congresista Jorge Rimarachín (AP-FA) calificó el informe de la Contraloría como una persecución «política» contra el presidente regional de Cajamarca, por haber liderado las protestas contra el proyecto minero Conga.
Fuente Andina
