Tumbes. La Contraloría de la República detectó que durante los años 2014 y 2016, la Municipalidad Distrital de San Jacinto adquirió equipos para impresión de manera irregular. Realizó gastos destinados a actividades ajenas y no sustentó viáticos, situación que ocasionó un perjuicio económico superior a los S/3 millones en agravio del Estado.
La acción de control tuvo como fin determinar si la ejecución de los recursos provenientes del canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y transferencias a la municipalidad en ese periodo, así como la contratación de bienes, servicios y personal, se efectuaron de acuerdo a la normativa vigente.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 1382-2018-CG/GRTB, se identificó un perjuicio de S/3’047,124.37. Del mismo modo, se identificó una presunta responsabilidad administrativa y/o penal en 30 exfuncionarios y servidores públicos.
Detalle de irregularidades
La auditoría revisó recursos del canon y sobrecanon petrolero por un total de S/5’271,646, de los cuales S/2’908,485.50 fueron destinados a financiar gastos no permitidos en la normativa como la entrega de “propinas” e “incentivos económicos” a distintas personas, así como para la adquisición de uniformes, zapatillas y diversos implementos para ligas deportivas.
Del mismo modo, se detectó que S/110,887.60 de recursos del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) se usaron en la adquisición de un presente para una reina de belleza de Ecuador, así como para la compra de vestidos para concursos de belleza, y nuevamente para uniformes e implementos deportivos para equipos que participaron en la Copa Perú, además de diversos servicios para festividades de organizaciones privadas.
Otra observación es que colaboradores de la municipalidad en sus rendiciones de cuenta incluyeron “pasajes” y “viáticos” que no habrían sido sustentados en su totalidad, además de declaraciones juradas que superaban el porcentaje permitido por norma; y gastos por consumo de bebidas alcohólicas a pesar de la prohibición legal, lo que generó en su conjunto un perjuicio económico de S/27,751. 27.
Estas anomalías fueron comunicadas al titular de la entidad y el informe fue elevado al Ministerio Público.
Fuente La República
