El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, afirmó que el Perú en los últimos años ha dado muestras positivas en la lucha contra el lavado de dinero, la corrupción y la recuperación de activos, todo ello bajo el marco orientador de los instrumentos internacionales sobre la materia.
En su calidad de titular de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, disertó sobre los avances en el Perú en la lucha contra la corrupción, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, durante el encuentro denominado “El rol de la sociedad civil y los sistemas de justicia en la implementación de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16”.
La actividad, promovida por la Unesco y Transparency International, fue desarrollada en el marco de la ejecución del Objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Agenda de Desarrollo 2030, los que fueron adoptados por la comunidad mundial en el 2015.
“El Estado peruano está comprometido con el desarrollo de sus instituciones, para que estas sean eficaces, responsables, transparentes y que cuenten con la capacidad para prevenir, investigar y sancionar de manera contundente el lavado de dinero y la corrupción”, señaló.
Rodríguez Tineo expuso ante otros representantes de alto nivel de sistemas de justicia de cinco países latinoamericanos.
Empero, el titular del Poder Judicial reconoció que aún queda en el Perú mucho camino por recorrer en la búsqueda de una sociedad pacífica, justa e inclusiva, debido a la complejidad de este reto y de las actividades ilícitas vinculadas a la criminalidad organizada.
En tal sentido, recordó que, de acuerdo a la Contraloría General de la República, el Perú pierde más de 12,000 millones al año debido a la corrupción, cifra que representa el 2 % del Producto Bruto Interno (PBI).
“Somos conscientes que con la unidad y participación conjunta de las entidades públicas, la sociedad civil y el sector empresarial podemos lograr un mejor futuro para nuestros países”, puntualizó.
Objetivo 16
El objetivo 16 formula como una de sus metas ambiciosas, para el año 2030, la reducción significativa de las corrientes financieras ilícitas y el fortalecimiento en la recuperación y devolución de los bienes robados.
Esto con el fin de promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas centrándose en su promoción para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.
Fuente Andina
