La Fiscalía Anticorrupción de Abancay solicitó 17 años de prisión efectiva para el exgobernador Elías Segovia Ruíz y el exdirector regional de Comunicaciones Miguel Warthon Campana por el desvío de un millón 139 mil soles para la campaña reeleccionista de la exautoridad regional en el 2014.
Ambos son acusados por los delitos de malversación de fondos públicos agravado y peculado doloso agravado, solicitándose además el pago de una reparación civil de un millón de soles.
También se encuentran comprendidos en la misma acusación presentada ante la Corte Superior de Justicia de Apurímac, los exfuncionarios Efraín Ambia Vivanco, José Lizárraga Trujillo, Miguel Valenzuela Rodríguez y Eli Alarcón Reyes, este último es hijo del juez superior Eli Alarcón Altamirano, quien actualmente se desempeña como presidente del JEE Andahuaylas.
Para estos últimos imputados la Fiscalía solicitó diez, ocho y seis años de cárcel además de días multa e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el mismo periodo de prisión. El fiscal Edison Quispe Huanca tuvo a su cargo la formulación del requerimiento acusatorio.
Según la misma investigación iniciada el 2015, Warthon Campana en su condición de exdirector de Comunicaciones del Gobierno Regional de Apurímac se le imputa haber causado un perjuicio económico de 936 ml 240 soles, de los cuales se apropió (no rindió cuentas) de 620 mil 093 soles, suma de dinero que se presume fue orientada para la campaña reeleccionista de la cuestionada autoridad (Elías Segovia)
Se llegó a establecer que el mencionado proyecto de Comunicaciones no contaba con presupuesto propio para lo cual se habilitó la mencionada suma de dinero de otros proyectos de inversión que en la actualidad se encuentran paralizados o inconclusos.
De la misma manera, en ese periodo se efectuaron desembolsos por servicios de difusión que nunca se realizaron o que no guardaban relación con las metas del mencionado proyecto, adquiriéndose equipos de cómputo, televisores, y otros bienes que tampoco ingresaron al almacén de la sede regional.
También se hallaron boletas por servicios de remodelación de la concurrida Oficina de Comunicaciones (sigue igual y nunca fue remodelada), viajes a otras ciudades del país, así como servicios de impresión de publicaciones, revistas y actividades de capacitación periodística y otros que no fueron justificados en su momento.
“Todos los imputados son acusados por modificar ilegalmente 1 millón 139 mil 863 soles, de proyectos que estaban programados dentro del PIA de los años 2013 y 2014 tal es el caso de los proyectos: Hospital de Andahuaylas, Ofertas educativas en 8 comunidades más pobres de la región, capacitación docente en Tecnologías de la información y de 89 proyectos de ProCompite 16 quedaron afectados”, precisa una extensa nota difundida por el Ministerio Público.
Fuente Diario Correo
