A raíz de las deficiencias detectadas en la ejecución de una millonaria obra, la Contraloría recomendó al Municipio Provincial de Lambayeque (MPL) investigar a 9 exservidores por presunta responsabilidad penal.

La obra de mejoramiento y ampliación de espacios educativos en la institución “José Carlos Mariátegui”, que fue licitada con un expediente técnico sobrevalorado, involucra a algunos de los implicados en el caso de corrupción conocido como “Proveedores Dorados”.

DETALLES

En noviembre de 2015, la municipalidad de Lambayeque firmó el contrato para la ejecución de esta obra, por un valor referencial de S/4’579,203.20.

El ganador de la licitación fue el Consorcio Eureka, conformado por las empresas HC Ingenieros Asociados SAC, Corporación Alessandro Volta EIRL y Dering S.A.S, que se presentó como único postor durante el proceso.

La Contraloría determinó que, luego de una cuestionada ejecución, la obra del colegio “José Carlos Mariategui” del centro poblado Hacienda Eureka, de Lambayeque, ocasionó un perjuicio de S/1’148,100.56.

Las observaciones se hallaron desde la formulación del expediente técnico que, según sostiene la Contraloría, careció de memoria de cálculo estructural para sustentar el diseño de algunas infraestructuras como las graderías y los módulos A,B,D y E del colegio.

Además, tampoco incluyó cotizaciones que respaldarán los precios de la mano de obra e insumos así como un plan de monitoreo arqueológico.

El informe de auditoría N° 007-2017 también señala que el expediente técnico presentó mayores metrados, lo que generó una sobrevaloración al presupuesto en S/226,480.

Una vez iniciada la ejecución, se observó que no se cumplió las condiciones establecidas en el contrato al no presentarse los certificados de habilidad de los profesionales propuestos para la obra.

“El funcionario de Infraestructura y Urbanismo (de la anterior gestión) designó inspector cuando se encontraba vigente el contrato de supervisor, conllevando a que la obra por el periodo de 10 meses cuente con inspector y por los 5 meses siguientes con supervisor, quienes no permanecían en obra”, agrega el informe.

Lo más sorprendente es que mientras el inspector alegaba tener otras obras y falta de apoyo en movilidad, el supervisor mantenía contratos por residencia de obra con las municipalidades de Cutervo y Sócota, ambas de la región Cajamarca.

Esta evidente falta de control provocó que no se ejecutaran obras preliminares pese a que la municipalidad sí pagó la totalidad del costo, servicios no realizados, retrasos contantes e injustificados por debajo del 80% de la programación acumulada.

A ello se suman paralizaciones injustificadas por un total de 128 días calendario, partidas ejecutadas parcialmente y otras no ejecutadas pese a que fueron valorizadas al 100%.

La Contraloría identificó a 15 personas involucradas en estos hechos, entre exfuncionarios y servidores de la anterior gestión, pero solo 9 de ellos tendrían responsabilidad penal.

Se trata de los exgerentes de infraestructura y Urbanismo Luis Fernando Farfán Guerrero, César Augusto Payac Niño, Walter Marín Pérez Carranza y Carlos Isidro Arrasco Yarrín; el exsubgerente de Obras, Edward Senmache Elías, Rafael Mio Failoc (inspector) además de Juan del Carmen Maco Carlos, Edward Alberto Adrianzén Carreño, José Herminio Quintana Acuña.

Fuente Diario Correo

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