El monto que se destina para la defensa legal de los exfuncionarios debe ser regulado para establecer un tope a fin de que no existan casos como el de la hoy presidenta de EsSalud Fiorella Molinelli o el de la exalcaldesa Susana Villarán, para quienes el Estado destina fuertes sumas de dinero para la contratación de sus abogados, señaló el legislador Roberto Vieira.

“Se tiene que regular, es decir establecer un tope de cuánto puede pagar el Estado para defender a exministros o exfuncionarios, ya que los montos exceden las tarifas estándar que cobra cualquier estudio de abogados. No se puede despilfarrar el dinero de esa manera, me parece una exageración”, indicó Vieira.

EXPRESO tuvo acceso a tres órdenes de servicio del MTC fechados el 26 de julio de 2017, que en total suman 308 mil soles por la contratación directa de los estudios jurídicos Benites, Forno & Ugaz Abogados S. Civil, de Croci Geiger Marcello Luciano y de Asesoría Legal y Defensa Procesal Sociedad Anónima Cerrada.

La orden de servicio del MTC N° 03950-2017-S del bufete Benites, Forno & Ugaz Abogados S. Civil tiene un monto total de 115,080 soles por asesoría legal brindada a favor de Molinelli.

“Servicio de Defensa y Asesoría Legal a favor de la exfuncionaria pública, Sra. Fiorella Molinelli  Aristondo, durante la etapa de investigación preparatoria, la cual incluye las sub etapas de diligencias preliminares y de investigación preparatoria e incluso durante el proceso penal en caso se instaure”, señala la facturación.

El otro documento con N° 03951-2017-S tiene como razón social la del abogado Croci Geiger Marcello Luciano por un monto de 95,000 soles.

“Servicio de defensa y asesoría legal a favor de la ex funcionaria pública Sra. Fiorella Giannina Molinelli Aristondo, en la investigación penal sobre colusión agravada y negociación incompatible iniciada por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima”, se indica.

De igual forma, la orden de servicio N° 03860 a favor de Asesoría Legal y Defensa Procesal Sociedad Anónima Cerrada –AS, es por un total de 98 mil soles.

“Servicio de Defensa y Asesoría Legal de la Sra. Fiorella Giannina Molinelli Aristondo, en las fases instructivas y sancionadora del procedimiento sancionador a ser iniciado por la Contraloría General de la República, según los términos referencia señalados en las bases”, se señala.

Fuente Diario Expreso

Una Respuesta

  1. Susano

    Nuevamente los congresistas hacen gala de su ignorancia. La función pública esta sometida riesgos y es que un país con una frágil institucionalidad los funcionarios públicos deben actuar muchas veces haciéndose responsables de sus actos bajo el riesgo de ser denunciados casi por cualquier cosa, con un Ministerio Público que no filtra denuncias y con procuradores con escasa formación jurídica, un órgano de control irreflexivo la cosa se vuelva más patética. Así, los funcionarios sufren de una parálisis, dado que es mejor no hacer nada y dejar pasar las cosas, lo que deviene en muchos casos en un Estado ineficiente. Por ello el mecanismo que el Estado asuma los gastos de defensa del Estado no solo es bueno, sino esta dentro de lo normal como sucede en casi todos los países del mundo. Al final, si el funcionario pierde los procesos va tener que devolver al Estado lo que gasto en su defensa. por ello limitar los gastos de defensa del funcionario llevaría a que contraten profesionales de dudosa calidad y finalmente ello originaría que los funcionarios públicos entren en parálisis y el Estado se torne cada vez en más ineficiente. Lo que debería limitarse es el ingreso de gente incapaz a la función pública como es el caso de algunos legisladores.

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