Este jueves se realizó en la región Piura la audiencia de apelación sobre el presunto caso de corrupción que compromete al ex alcalde provincial de Ayabaca, Humberto Marchena Villegas (2007-2018), un familiar suyo y ocho ex funcionarios municipales.
La audiencia se realizó en la Sala Penal de Apelaciones de Sullana, donde el abogado del alcalde, Alberto Borea Odría, reiteró su pedido de archivamiento del caso, pues consideró que no existe relación entre Humberto Marchena y los delitos imputados.
“Solicito se declare fundada la excepción de improcedencia de acción (archivamiento), al no haber ninguna conexión entre la figura típica y el juzgamiento que se está haciendo”, señaló Borea en su exposición.
Sobre la acusación del Ministerio Público, que pide 12 años de prisión para el alcalde por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, Alberto Borea sostuvo que no se ha podido probar el dolo en el supuesto hecho colusorio. “Tampoco se ha probado una relación consanguínea o de familiaridad con la proveedora favorecida”, agregó.
La Fiscalía Anticorrupción y la Procuraduría Pública denunciaron a Humberto Marchena en el 2015 por un presunto favorecimiento ilegal de la Municipalidad de Ayabaca, en 13 procesos de selección, a la proveedora Maximina Granadino Cunya, quien es concuñada del ex alcalde producto de una relación extramatrimonial.
Al respecto, un informe de la Contraloría también advertía “hechos que denotan presunta responsabilidad penal” en torno al “favorecimiento a la postora Maximina Granadino en procesos de selección con el otorgamiento de la buena pro”, a través del comité especial.
A la audiencia no asistió la fiscal provincial Gladys Péndola, titular de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelación de Sullana, por lo que fue reemplazada por su adjunta, Frida Borjas Roa. Su argumentación fue cuestionada por los magistrados de la sala.
En enero pasado, el Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana declarara fundada la solicitud de sobreseimiento planteada por el abogado Borea. Ante ello, el Ministerio Público apeló la decisión y acudió a una segunda instancia.
La Sala de Apelaciones, integrada por los magistrados Luciano Castillo, Lesly Holguín y María Elena Palomino, anunció que emitirá resolución el caso en un plazo de 20 días.
Fuente El Comercio
