El domingo 26 de marzo, previo a la inundación de Piura, la empresa Viviana EIRL ejecutó dos servicios por el valor de más de S/. 230 mil. Estos servicios fueron adjudicados directamente por el Gobierno Regional de Piura y consistían en reforzar los diques de Simbilá y Chato Chico, en el Bajo Piura, dos zonas que finalmente terminaron inundadas el lunes 27.
Ambos servicios se suman a 40 más ganados en el 2015 y 2016, como parte de los trabajos de prevención por el Fenómeno de El Niño. La empresa, con sede en Sullana, ha facturado, por esos 42 servicios en el 2015, 2016 y este año, la suma de S/ 148 451.531.
No obstante, los dos últimos servicios, ejecutados el mes pasado, serán auditados por la Contraloría General de la República, según anunció el contralor del norte, Nelson Guevara. “Vamos a realizar una evaluación de todas las obras, sobre todo de los procesos que son materias de cuestionamiento, como estas dos actividades del año actual”, comentó. Dijo también que a Viviana EIRL le hicieron varias observaciones el año pasado.
Se trata del informe de auditoría N° 050-2016-2-5349 de la Contraloría General de la República, el cual examina los procesos de contratación, expediente técnico y ejecución de contratos del 1 de octubre del 2015 al 15 de febrero del 2016, en servicios exonerados por situación de emergencia. El informe, al que accedió El Comercio, señala que el Gobierno Regional de Piura, a través del Proyecto Chira Piura y otras entidades regionales, transgredió la Ley de Contrataciones del Estado.
-Las observaciones-
En varios servicios adjudicados directamente a Viviana se observó que el contratista fue favorecido. Además que se elevaron los precios de alquiler de maquinaria, se consideraron gastos generales por un mes, cuando el servicio era por 15 días. También perjuicios económicos al estado, pues se ejecutaron actividades (como el encauzamiento de la laguna La Niña, sector Chutuque) que ya habían sido realizadas por el PSI.
Asimismo, Contraloría advirtió que en las actividades de prevención no se permitió “la concurrencia, pluralidad y participación de postores y por ende que se beneficie con mejores propuestas”. De esa manera, se recomendó iniciar los procedimientos administrativos correspondientes y remitir la información a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Piura para las acciones legales pertinentes.
El contralor Guevara añadió que vienen diseñando un plan para fiscalizar los recursos económicos de la reconstrucción. “Ya estamos trabajando un plan para acompañar la reconstrucción. Todo depende de lo que apruebe hoy el Congreso con respecto a los mecanismos anticorrupción. Nosotros vamos a fiscalizar los recursos”, dijo.
Por su parte, Carlos Franco Mogollón (dueño de Viviana EIRL) dijo que su empresa no es pequeña, y que sí tiene experiencia para contratar con el Estado, pues lo hace desde el 2011. Añadió que en las actividades de prevención ante el Niño, en el 2015 y 2016, cumplieron con las especificaciones dadas por el PSI del Minagri.
Sobre sus dos últimas actividades, días antes del desborde del río Piura, señaló que lo llamaron del gobierno regional y le dijeron si podía cargar roca de noche. “Acepté, y puse a trabajar todos mis carros toda la noche. Estuvimos llevando roca y arena toda la noche del domingo a Simbilá y Chato Chico [un día antes del desborde]”, dijo Franco.
Fuente El Comercio
