Algunos de los casos tomados por el Consejo Regional han sido recopilados de las publicaciones en prensa y por la asociación Vigilia Ciudadana. Las investigaciones han sido derivadas a la Procuraduría Pública Anticorrupción.
Los casos sobre presunto nepotismo y pagos indebidos en el hospital Santa Rosa no son los únicos que están en investigación en el Consejo Regional. En lo que va del año, la Comisión de Fiscalización ha iniciado cerca de 40 investigaciones que ya han sido derivadas a la Procuraduría Pública Anticorrupción.
Se ha encontrado responsabilidad administrativa y penal e incluso se ha hecho una denuncia penal al gobernador Servando García ante la Fiscalía, la cual ya habría formalizado la denuncia.
“Hemos trabajado mucho con el tema de la objetividad. Los medios periodísticos o Vigilia Ciudadana nos han dado datos, los hemos analizado y por eso hemos hecho denuncias. Tenemos una carga procesal bastante amplia. Solo este año abrimos cerca de 40 investigaciones”, dijo el titular de la Comisión, Alfonso Llanos.
Casos investigados
Respecto a las contrataciones directas con motivo de la pandemia de coronavirus, la Comisión de Fiscalización ya ha procedido con supervisar 20 y han encontrado responsabilidades administrativas y penales, pues habría presuntos indicios de colusión.
Aunque es muy pronto para señalar posibles responsables, la Comisión y la Oficina Regional Anticorrupción han encontrado funcionarios que, durante la emergencia sanitaria, han desconocido la Ley de Contrataciones para favorecer a un proveedor que no cumplía con los requisitos mínimos.
“En el policlínico Señor Cautivo hicimos graves hallazgos de irregularidades. Además, estamos investigando el Peihap porque en dos años de gestión no han avanzado nada. Esta semana visitaremos la zona para fiscalizar. El MEF nos ha quitado más de 30 millones de soles porque lo asignado no se justificaba. Ahora harán obras accesorias al primer componente en marzo del próximo año; es una vergüenza”, señaló Llanos.
Sin embargo, afirmó que las investigaciones no han podido avanzar con velocidad porque necesitan elementos probatorios objetivos y contundentes para proceder a denunciar, “pero cuando hay apreciaciones subjetivas no podemos trabajar con eso”.
Por otro lado, también están investigando la ausencia del gobernador, caso que se abrió cuando García faltó a la exposición del presupuesto del Gobierno Regional para el 2021, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el pasado 2 de octubre.
La Comisión consideró que el plazo de 72 horas para investigar el caso era my corto y podían caer en abuso de autoridad, por ello han solicitado una ampliación de 10 días. Esta semana citarán a diversos funcionarios -como al gerente general, al gerente de Planeamiento y Presupuesto, al jefe de Seguridad- que puedan mostrar evidencias de que el gobernador ha incumplido normas de algún tipo y que proceda a una suspensión.
Otro caso en investigación es un juicio que le hizo el Gobierno Regional a un funcionario -cuyo nombre no fue revelado por la Comisión para no alterar las pericias- por un conjunto de conductas que perjudicaron a esta institución.
El juzgado había citado tanto al director regional en cuestión como al procurador, pero ninguno apareció en la audiencia. Entonces el juez archivó el caso y se perdió la indemnización que debía pagársele al Gobierno Regional.
Ni el procurador ni el director han dado alguna respuesta sobre sus conductas.
Otras denuncias
La asociación civil Vigilia Ciudadana también ha llevado a cabo una serie de denuncias en lo que va del año. El pasado 15 de abril, denunció el manejo irregular de los recursos públicos en la compra de 100 mil mascarillas que hizo el Gobierno Regional con los colores del movimiento de García (Fuerza Regional). El gasto de 260 mil soles fue cuestionado no solo por el proselitismo político, sino por la manera en que se adquirieron, señalándose un presunto favorecimiento.
También denunció la cesión del terreno a la empresa Consorcio Policlínico Piura Johnmay Salud para que opere el policlínico Señor Cautivo, pues el Gobierno Regional cedió el predio, valorizado en US$ 6 millones 200 mil, a una empresa privada sin que esta pague ningún tipo de cuota por su uso.
Fuente El Tiempo
