La Contraloría de la República detectó que el comité de selección de la Municipalidad Distrital de Castilla entregó la buena pro a una empresa que no cumplía con los requisitos establecidos en las bases en la obra “Reparación de pistas y veredas en la avenida Sánchez Carrión entre la Av. Progreso y canal Biaggio Arbulú del distrito de Castilla”. Además, encontró responsabilidad penal y administrativa en tres funcionarios ediles.
Informe
Según el informe de Control Específico N°019-2022-2-2407-SCE realizado por la Oficina de Control Interno (OCI) de la Municipalidad de Castilla y emitido el pasado 27 de diciembre del 2022, sobre el procedimiento de selección para la contratación de la ejecución de la obra “Reparación de pista y vereda en la avenida Sánchez Carrión entre la Av. Progreso y canal Biaggio Arbulú del distrito de Castilla”, se habrían cometido presuntas irregularidades. La obra está valorizada en S/1,791,050.02.
De acuerdo a las indagaciones de los auditores, los integrantes del comité de selección no brindaron igualdad de trato a todos los postores respecto a la subsanación de ofertas, favoreciendo a la Empresa Constructora Ensamar E.I.R.L, la cual no cumplía con los requisitos de calificación señalados en las bases integradas y le otorgaron la buena pro, al margen de la normativa.
Precisamente, de los 15 postores que presentaron sus ofertas, la mayoría fueron descalificadas por el Comité de Selección, sin que les den la oportunidad de subsanar las observaciones.
Además, se evidenció de la documentación revisada por los auditores que el presidente del Comité de Selección, el gerente de Desarrollo Urbano y rural e Infraestructura, Félix Alberto Avilés Córdova, tuvo una relación contractual como residente de la obra con la empresa ganadora de esta licitación.
Según OCI, el gerente debió ser removido por tener conflicto de intereses con la empresa ganadora, pues se desempeñó como residente de obra cuando la empresa ganó la obra de construcción de pistas y veredas en el A.H. San Valentín en febrero del 2021.
“…situación que generó el favorecimiento en la evaluación de propuestas y el otorgamiento de la buena pro, hacia un postor que, a pesar de no cumplir con los criterios de admisibilidad, fue admitida su propuesta como válida”, se lee en el informe de OCI.
La Oficina de Control Interno determinó presunta responsabilidad penal de tres personas en las que figuran la trabajadora CAS de la gerencia de Desarrollo Urbano – Rural, Ingry Lisbeth Pereyra Labán; el gerente de Desarrollo Urbano y rural e Infraestructura, Félix Alberto Avilés Córdova y la trabajadora CAS de la sub gerencia de abastecimiento y control patrimonial, Laidy Vanesa Chinchay Quispe.
Fuente Diario Correo
