El Órgano de Control Interno del Ministerio Público inició una investigación contra el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Javier López Romaní, luego de que se difundiera unos mensajes de WhatsApp donde presuntamente el letrado se comunicaba con un supuesto familiar de uno de los investigados por el caso de las cartas fianzas del Gobierno Regional de Piura.

La difusión de estos mensajes revela un presunto “apoyo económico” a favor del fiscal a cambio de beneficiar a Godofredo Cardoza Novoa, representante del consorcio MNDC Constructores y Logística S.A.C., acusado de falsificar documentos financieros y que se encuentra con comparecencia restringida a pedido del Ministerio Público.

En ese sentido, el jefe del OCI del Distrito Fiscal, José Luis Nizama Rugel, dispuso una investigación contra Javier López Romaní.

De acuerdo a la investigación, se recabará información para conocer si existe una inconducta por parte del representante del Ministerio Público por los mensajes de WhatsApp que se difundieron en un medio de comunicación.

NIEGA ACUSACIÓN

La República se comunicó con el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Javier López Romaní, quien negó haber mantenido conversaciones el supuesto familiar del investigado.

“Si bien el número que aparece en los mensajes me pertenece, se trataría de una clonación que cualquier persona lo puede hacer”, señaló.

Con respecto a la investigación del Órgano de Control Interno, el fiscal López dejó en claro que ejercerá su derecho de defensa como corresponde en estos casos.

INHIBICIÓN DEL CASO

Por su parte, el abogado Martín Castillo Nizama, quien defiende a José Tafur Guivin, exfuncionario del Gobierno Regional de Piura, pidió a José Aurelio Jimenez, fiscal del tercer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, la inhibición de López Romaní por la investigación que ha iniciado en su contra el Órgano de Control Interno del distrito Fiscal de Piura.

Fuente La República

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