Seis exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Ayabaca habrían incurrido en responsabilidad administrativa y penal en el proceso de selección y ejecución contractual de la obra “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento rural en el sector El Porvenir, comunidad campesina de Cuyas-Cuchayo, provincia de Ayabaca”, por casi un millón de soles.
Así lo revela el informe de auditoría 007 del Órgano de Control Interno (OCI) de dicha entidad, que comprende el periodo del 10 de noviembre del 2015 al 30 de junio de 2017.
Asimismo, dichos hallazgos acaban de ser comunicados oportunamente al alcalde provincial, Baldomero Marchena, para adoptar los correctivos en áreas sensibles como Infraestructura, Tesorería y Asesoría Jurídica.
DOCUMENTOS FALSOS
La OCI detectó que el comité de adjudicación de dicha obra no habría actuado con la transparencia e imparcialidad que exige la Ley de Contrataciones del Estado.
Por ejemplo, el equipo auditor corroboró la presencia de documentos falsos en la propuesta alcanzada por el postor Cuyas, que fue el que ganó la buena pro.
Dicho consorcio presentó un certificado de trabajo de la ingeniera residente Glenda Stephannie Salazar Neyra, quien mediante consulta vía correo electrónico confirmó la falsificación de dicho certificado y adulteración de datos, situación que ha sido comunicado al Organismo de Supervisión de Contrataciones del Estado (OSCE), el mismo que aperturó proceso administrativo sancionador contra dicho postor.
ERA EL FAVORITO
La segunda observación hace referencia a que el comité otorgó la buena pro al postor Cuyas, a pesar que no cumplió con los requisitos mínimos establecidos en las bases integradas, lo que pone en duda la imparcialidad del comité.
Es el caso del topógrafo que acreditó experiencia en obras civiles por 23 meses, cuando las bases indicaban dos años como mínimo. Ello no fue causal para que el comité declare desierto dicho proceso al que se presentaron solo dos postores. Por el contrario, le otorgó la buena pro al consorcio Cuyas, con fecha 23 de diciembre del 2015.
Pero las irregularidades no cesaron en ese momento. Por el contrario, la Contraloría detectó hallazgos reveladores en el proceso contractual que una vez más ponen en tela de juicio la transparencia en dicho proyecto.
Así se tiene que los funcionarios de la municipalidad de Ayabaca aprobaron dos ampliaciones de plazo a favor del consorcio Cuyas, fuera del plazo contractual y sin sustento técnico.
Esta situación habría generado la inaplicación de la penalidad por mora de S/ 85, 587.27, correspondiente al retraso injustificado, en perjuicio de las arcas de la municipalidad provincial. Cabe señalar que la obra estuvo paralizada 111 días, de los cuales solo 32 tienen sustento por la presencia de fuertes lluvias.
SIN SUPERVISOR
Asimismo, el informe pone el descubierto la simulación de un supervisor para la continuidad del pago al contratista, lo que afecta la transparencia y legalidad de las contrataciones. En el legajo documentario de Control Interno, José Franklin Talledo Coveñas suscribe diez documentos claves como supervisor de obra, pero cuando los funcionarios del OCI le hicieron la consulta, este negó conocer dicho consorcio y haber suscrito dichos documentos, como las valorizaciones 1,2 y 3.
“En la ejecución de la obra mencionada, la entidad (municipalidad) no contó con la supervisión respectiva, es decir que no hubo un supervisor o inspector que vele por los intereses de esta”, señala el informe de control.
Asimismo, cuestiona la ausencia de dicho profesional pese a “la existencia de un contrato mediante el cual se designó a un supervisor, y documentos relacionados a la supervisión que habrían sido suscritos por dicho profesional designado como supervisor y que, sin embargo, este niega participación alguna en estas labores”, cita el informe.
IMPLICADOS
En ese sentido, el órgano de control dio cuenta a la Contraloría para el inicio del proceso administrativo sancionador contra seis exfuncionarios ediles.
“Remitir el informe con los recaudos y evidencias correspondientes al órgano instructor competente para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios señalados en el presente informe”, señala.
Por este caso han sido comprendidos los miembros del comité de adjudicación; Cristhian Eduardo Samamé (presidente), Bianca Nonajulca Ávila y José Mercedes Mendoza Siancas. También están comprendidos; Eliceo Guerrero Labán, subgerente de obras; Marco Antonio Alcalde Heras, subgerente de supervisión y liquidación de obras; y Julio Saguma Rivera, gerente de Asesoría Jurídica.
“Poner de conocimiento de la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Ayabaca encargada de los asuntos judiciales de la entidad para que inice las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en las observaciones”, recomienda el ente de control.
Estos hallazgos, asimismo, fueron comunicados al alcalde Baldomero Marchena para que disponga la implementación de las recomendaciones consignadas en dicho informe. Cabe precisar que Baldomero Marchena es hijo del exalcalde Humberto Marchena.
Fuente Diario Correo
