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Piura: “Impostores de la reconstrucción” a juicio con serias evidencias

Piura: “Impostores de la reconstrucción” a juicio con serias evidencias

A dos años y nueve meses de la desarticulación de la presunta organización criminal “Los impostores de la reconstrucción”, se inició el juicio oral en contra de 21 integrantes de dicha red. El último jueves se instaló la audiencia con dieciséis imputados donde el Ministerio Público oralizó sus alegatos de apertura; mientras que seis implicados fueron declarados reos contumaces tras no concurrir a la diligencia virtual.

Antecedentes

Como se sabe, el pasado 31 de diciembre del 2018, quince integrantes de la presunta organización criminal fueron intervenidos en flagrancia delictiva cuando realizaban una ceremonia de las adjudicaciones de obras de Reconstrucción con Cambios en un espacio alquilado de la Cámara de Comercio de Piura. Dos meses antes, el 30 de octubre, la policía ya había intervenido la vivienda situada en la calle Los Juncos en la urbanización Miraflores, en el distrito de Castilla.

“Los impostores de la reconstrucción” crearon el Programa Crecer Multisectorial-Zonal Piura que sirvió de fachada para captar a más de 100 empresarios interesados en la contratación de más de 80 obras cuyos requerimientos eran falsos. Para dar credibilidad a su estafa, la red publicó en el diario oficial El Peruano una resolución de urgencia que era falsa donde supuestamente se conformaba un órgano especial de contrataciones autónomo, cuyos integrantes podían invitar a las empresas a concursar, recibir cotizaciones y seleccionar postores por obras de reconstrucción que tenían un financiamiento del Estado por un monto de 2,000 mil millones de soles.

Los empresarios captados recibían correos electrónicos con el dominio de la PCM, pero si estos no cumplían con los requisitos, la red exigía fuertes sumas de dinero para adjudicar las obras a “dedo”, llegando a estafar hasta con más de 10 millones de soles.

El presunto cabecilla de la organización, Miguel Martínez Rivera, quien actualmente se encuentra en el penal de Piura, ex Río Seco, cumpliendo prisión preventiva, fue detenido en abril del 2019 cuando cobraba cerca de 90 mil soles a un empresario a quien le iba a adjudicar una obra en la ciudad de Chiclayo.

Acusación

De acuerdo al expediente 00402-2019-39-2001-JR-PE-02- Resolución 01- auto de enjuiciamiento, el fiscal adjunto provincial Javier Ocampo García, del cuarto despacho de la Fiscalía provincial especializada contra la criminalidad organizada (Feccor), ha solicitado la pena más alta para el presunto cabecilla de la organización, Miguel Martínez Rivera, alias “El ingeniero”, de 28 años de cárcel con 2 meses, tras acusarlo de dar las órdenes directas y precisas a los demás miembros de la red, hacía las invitaciones a los empresarios, se encargaba de solventar los gastos para las actividades ilícitas, entre otras hechos delictivos.

Del mismo modo, para Néstor Cabrera Ruiz (reo en cárcel), quien fungía de administrador de la Zona Rural de Piura de la PCM, se ha solicitado 16 años con seis meses; mientras que para José del Carmen Santa María Sandoval (reo en cárcel), quien cumplía las falsas labores de gerente zonal; Ramiro Solís Bustamante (reo en cárcel), acusado ser analista externo; Irma Lisseth Ramírez Torres, Javier Lozada Romero (reo en cárcel), Miguel Ángel Vásquez Durand (reo en cárcel); Rosario Yangua Pintado; María Erika García Vilela; Manuel Andrés Benites Castro; Manuel Fernando Feria Sánchez; Antero Juárez Imán y Karla Pacheco Vilela, el Ministerio Público ha solicitado 15 años con 6 meses de pena privativa de la libertad, respectivamente.

En tanto, para el investigado Humberto Zavaleta Pinero (reo en cárcel), quien es acusado de ser el nexo entre la red criminal y los empresarios, se ha solicitado 13 años de cárcel; para Linda del Socorro Robles Cabrera; Milena Ruso Florez, Miriam Pastor Martín; Ofelia Palacios Preciado y Edinson García Brito se ha solicitado 10 años con 6 meses de cárcel. Finalmente, para Fidel Uceda Vásquez, 8 años de cárcel y para Claudia Maza Ángel, la pena de 7 años.

Todos los miembros de la presunta organización, de acuerdo a las investigaciones, cumplían un rol específico dentro de la organización criminal.

Así tenemos que se hacían pasar como coordinadores técnicos de Agro Rural, administradores, gerentes, jefe de presupuesto, supervisores, asistentes, asesores legales y colaboradores.

La acusación fiscal precisa que “Los impostores” habrían recibido depósitos por 773 mil 500 soles por supuestamente “favorecer” a los postores que participaban en la adjudicación de las obras de reconstrucción, transferencias que han sido debidamente corroborados por la Fiscalía; sin embargo, existen otras fuertes sumas de dinero que empresarios entregaron a la red, pero finalmente no sustentaron para la acusación.

“Es una sumatoria de los montos que habrían cobrado a los empresarios, de lo que se ha podido encontrarse evidencia en la investigación, porque muchos empresarios no brindaron información de pagos”, precisó una fuente a Correo.

Otro ingreso corroborado es el monto de 8,350 soles que la organización cobró a 167 empresas o consorcios, cada una a 50 soles por concepto de inscripción para participar en las licitaciones de las obras.

También se ha presentado la declaración de 165 testigos, de las cuales, más de 50% corresponden a empresarios de los consorcios estafados y pericias grafotécnicas. Igualmente se tienen conversaciones de WhatsApp entre los acusados.

Fuente Diario Correo

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